Concejo Municipal no ha nombrado una Junta Directiva, lo que impide que se asuman los compromisos del Comité
La falta del nombramiento de una Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación (CCDR) de Liberia por parte del Concejo Municipal, mantiene en vilo a 25 personas trabajadoras quienes no recibieron el pago de su salario.
Karolina Obando Brenes, integrante de la Seccional ANEP-CCDR de Liberia explicó que la última Junta Directiva perdió vigencia el pasado 31 de octubre.
“Nos quedamos acéfalos. Lo que se ha acostumbrado es que tanto acá en Liberia y a nivel nacional es que la Municipalidad asume la administración del Comité. En este caso no fue la excepción, el Concejo Municipal dicta un acuerdo para que el alcalde asuma la administración y poder realizar todos los pagos referidos a los costos fijos en donde se incluye el pago de la panilla de los funcionarios”, indicó Obando.
Sin embargo, ante esta acción del Concejo Municipal, el alcalde Luis Gerardo Castañeda, realizó una consulta a la Contraloría General de la República sobre los alcances de esta medida y hasta tanto no tener respuesta por parte del ente contralor no ejecutará ninguno de los procesos que el Concejo le asignó.
Obando agregó que desde hace dos años se presentó la misma situación, pero en aquel momento el alcalde no tuvo ningún reparo en asumir las funciones de inmediato.
La ANEP solicitará una audiencia conciliatoria en el Ministerio de Trabajo con los representantes del Concejo Municipal y el alcalde de la Municipalidad de Liberia.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
(ANEP), a través de su Unidad de Asesoría Jurídica, logró demostrar ante el Departamento
Disciplinario Legal del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el acoso laboral
que sufría una oficial de apellido Ortega Fallas durante su periodo de
lactancia, por parte del Encargado de Sub grupo Operativo Policial de la Delegación
de Acosta.
Según la denuncia, los hechos se remontan a abril de 2017
aproximadamente, y se habrían extendió hasta junio del 2018, fecha en la que la
afectada, con la asesoría de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP,
presentó la denuncia contra el Encargado de Subgrupo de apellidos Solano Mora
ante el MSP.
Dentro de los hechos probados durante el proceso
administrativo, llevado a cabo en el Departamento Disciplinario Legal del
Ministerio de Seguridad Pública (MSP) contra Mora Solano, se determinó que:
La Hostigaba al molestarse con la denunciante, cuando ésta se
retiraba al cuarto de la delegación policial de Acosta, para extraerse la leche
materna, lo cual hacía dos veces al día. Además, de que el ahora sancionado
manifestaba que sólo tenía derecho a la hora de lactancia y, que no existía
ningún documento que autorizara para sacarse leche dándole permiso por
humanidad.
Otro de los hechos comprobados fue negarle a la ofendida que
se retirará de la delegación en el tiempo de almuerzo, para darle de mamar a su
bebé, indicándole en presencia de sus compañeros de escuadra que no era
posible, porque no podía salir de la delegación, aunque estuviera en su tiempo
de almuerzo.
Además, se comprobó que Mora Solano, interrumpía el tiempo de
extracción de leche materna de la ofendida, lo cual realizaba durante su
periodo de almuerzo y cuando apenas habían transcurrido 35 minutos, así como llamarla
insistentemente para que cubriera incidencias o saliera a dejar detenidos.
Estos hechos llevaron al Departamento Disciplinario Legal del Ministerio de Seguridad Pública a emitir una sanción en contra de Mora Solano, con 22 días de suspensión sin goce de salario. Además, se le apercibió que, de cometer cualquier otro tipo de falta, podrá ser sancionado de forma más drástica.
David Estrada de la Unidad de Asesoría Jurídica sobre resolución del caso
En ANEP defendemos Derechos Humanos. En los últimos años
hemos sido los abanderados por la dignificación de derechos en los Cuerpos
Policiales del país.
Este caso fue llevado por el abogado David Estrada Zeledón de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP.
Por tanto del Departamento Disciplinario Legal del MSP
¡Esclavitud laboral!, eso es lo que viven diversos choferes de autobús
de la empresa Biusa, luego de que la Dirección Nacional de Inspección Laboral
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), comprobara mediante una
inspección a la empresa de transportes ante diversas denuncias de explotación
laboral, que algunos choferes deben de laborar hasta 19 horas diarias.
Así lo muestra el Acta Adicional de Inspección y Prevención del 6 de
noviembre del 2019, código #SJ-IF06988-19, en poder de la Asociación Nacional
de Empleados Públicos y Privados (ANEP), donde se determina la violación al
Código de Trabajo por parte de la empresa autobusera que presta el servicio en
diversas rutas del país.
“Se logró demostrar en las
entrevistas y en los comprobantes de pago facilitado por el patrono que los
horarios cumplidos por los choferes superan las doce horas diarias, iniciando
con horarios desde las 4:00 a.m. y teniendo una hora de salida incierta,
laborando hasta 19 horas diarias en algunos de los casos”, indica el acta de
inspección.
Según el documento, la empresa estaría violentando el Artículo 140 del
Código de Trabajo, ya que la legislación laboral nacional establece que la
máxima jornada laboral es de doce horas, sumando la jornada ordinaria y la
extraordinaria; por lo que se debe de eliminar la práctica de hacer a los
trabajadores y trabajadoras laborar jornadas superiores a las doce horas
diarias.
Para la ANEP esta situación no puede pasar desapercibida, ya que
resulta intolerable desde cualquier punto de vista y no tiene otro nombre que
esclavitud laboral.
“Se requiere una intervención política al más alto nivel de la cartera
ministerial de Trabajo y Seguridad Social, porque se tiene que sentar las
responsabilidades del caso. Sabemos que el empresariado de autobús tiene
muchísimo poder en este país, pero ello no los hace inmunes para irrespetar la
legislación laboral, incluso los mismos principios de los derechos humanos”,
expresó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.
Vargas agregó que “hay un doble riesgo, no sólo la salud laboral del chofer si no también la seguridad de los usuarios del autobús, por eso hay que denunciar fuertemente, no basta con una inspección, el Ministerio de Trabajo debe sentar un precedente”.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Pago de horas extraordinarias
Asimismo, la inspección realizada por la Dirección Regional determinó
que la empresa no realizó el pago correspondiente por las jornadas extraordinarias
laboradas por los choferes de autobús, violentado los Artículos 136 y 139 del
Código de Trabajo, por lo que los inspectores fueron tajantes al recordarle a
la empresa lo establecido por la ley sobre la remuneración por tiempo
extraordinario.
Debido a esto la Dirección Nacional de Inspección previno a la
compañía Biusa para que, en el plazo de 10 días a partir de la notificación,
corrija las infracciones registradas, cuyo cumplimiento quedará sujeto a una
nueva inspección. En caso de incumplimiento y de mantenerse las violaciones al
Código de Trabajo detectadas el caso se elevará a instancias judiciales.
Acta Adicional de Inspección y Prevención del MTSS
La Seccional ANEP-PANARE logró un importante acuerdo en la
sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el cual establece que
los trabajadores del Patronato Nacional de Rehabilitación (PANARE), podrán
conocer, analizar y revisar las condiciones en las que serán trasladados de sus
puestos ante el cierre técnico de la institución.
Así lo explicó Tatiana Quesada, Presidenta de la Seccional ANEP-PANARE quien indicó que la incertidumbre que existe en el seno de los trabajadores es bastante grande desde que el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria contra el PANARE, lo que provocó el cierre de la institución y por ende el traslado de funcionarios a instituciones como CONAPDIS, CONAPAM y Ministerio de Salud.
Tatiana Quesada sobre situación en PANARE
Otros de los acuerdos alcanzados, es que la Junta Directiva
del PANARE facilitará a la seccional de ANEP el borrador del proyecto de ley de
cierre del PANARE, una vez les sea brindado por el Ministerio de Planificación.
Además, la seccional podrá conocer la información correspondiente al presupuesto
institucional del año 2020, en el momento que sea aprobado.
También es importantes destacar, que en el acuerdo quedó
plasmado que las autoridades del PANARE se comprometen a respetar los derechos
laborales de todos los trabajadores de la institución, así como a mantener la
estabilidad laboral de los trabajadores en el tanto que cumplan con los
requisitos de idoneidad del puesto
Compartimos acuerdos alcanzados entre las partes en el MTSS
La intención de los trabajadores en emergencias de primera respuesta, es decir; bomberos, cruzrojistas y cuerpos policiales es que se les mejoren las condiciones laborales debido al desgaste que sufren con la atención de cada emergencia.
Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP explica más detalles de la reunión.
Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP
¿Cuáles son algunas de las iniciativas que se discutieron durante este encuentro?
Con la convicción de defender sus derechos laborales,
trabajadores de la compañía Transfeco S.A. (empresa
subcontratada por INCOFER) crearon la primera seccional de ANEP , esto pese a
la represión que sufrieron algunos trabajadores por sindicalizarse.
Unos cinco trabajadores fueron despedidos por afiliarse al sindicato, sin embargo la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP inició los procesos sumarísimos por discriminación con medida cautelar para que los trabajadores discriminados por su vinculación sindical fueran reinstalados provisionalmente.
La ANEP agradece la confianza depositada en nuestra organización sindical para reinvindicar sus derechos laborales.
Por su parte la seccional fue conformada por :
Presidencia: Kathya Ballesteros
Vicepresidencia: Yuliana Mora
Secretaría de finanzas: Yendry Díaz
Secretaría de Organización y Conflictos: Yilberth Masís
Secretaría de Divulgación, Actas y Correspondencia: Melissa Méndez
Este martes 20 de noviembre la Unidad Sindical y Social, entregó a Carmen Moreno González, Directora de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana (con sede en San José), un documento de denuncia contra el Gobierno de la República de Costa Rica, fundamentado en las recientes violaciones a la libertad sindical, el derecho huelga y la criminalización de la protesta sindical, entre otros.
“Acudimos a la OIT para que realicen una investigación ante la serie de hechos que se han presentado durante los 72 días de huelga. donde hemos sido amedrentados, acosados e incluso golpeados por la policía en algunas zonas del país. Estos son hechos abusivos por parte del Gobierno, que violentan los derechos humanos y sobre todo el derecho a huelga”, manifestó Walter Quesada, Secretario General Adjunto de la ANEP.
La Unidad Sindical y Social, también entregó una consulta al Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, con el fin de que brinde un criterio respecto a la propuesta legislativa (Proyecto de Ley Nº 21.049) que busca modificar el Código Procesal Laboral, la disolución de sindicatos y penalización de la protesta, y así, establecerlo como un proyecto que “atenta contra las libertades sindicales.
“Consideramos que la OIT es el organismo más competente para analizar este proyecto de ley y si su contenido es violatorio respecto a lo que establece la legislación entorno a la existencia de los sindicatos y a lo que denominamos democracia de la calle”, detalló Quesada.
Por su parte, Mario Rojas Vilchez, Secretario General de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, CTRN criticó duramente al Gobierno de la República por el accionar durante la huelga contra el combo fiscal.
“En Costa Rica se están perdiendo derechos sindicales, debido al actuar de un Gobierno dictatorial, apoyado en el ataque del sector empresarial. Hemos hecho esta denuncia y consulta, para ser evacuada a la mayor brevedad, además de que se declare la violación a los Convenios 87 y 98 de la OIT y se haga un llamado de atención ante la violación de las libertades sindicales”, concluyó Mario Rojas Vilchez, Secretario General de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN).
Otra de las solicitudes realizada por la Unidad Sindical y Social ante la OIT, es la posibilidad de nombrar para Costa Rica un Comisionado Especial de la OIT, para que sea garante de que no se destruyan las organizaciones sindicales y que no atenten contra sus dirigentes.
Trabajadores Municipales de Alajuela, que se mantienen en huelga, se reunirán este lunes a la 1:30 de la tarde con la alcaldesa, Laura María Chaves Quirós para tratar de llegar a un acuerdo respecto al conflicto laboral que provocó la huelga, que hoy suma su séptimo día.
En la reunión que se realizará en la Casa Rosada, sede del Concejo Municipal alajuelense, se buscará una solución al aparente incumplimiento a la negociación salarial correspondiente al II Semestre del 2018, tal y como lo define la Convención Colectiva y con base a un acuerdo previamente definido con el anterior alcalde, Roberto Thompson.
Otro de los puntos que se abordaría durante el encuentro de las partes, es el también incumplimiento a la negociación con las organizaciones sindicales para la definición del porcentaje del aumento salarial correspondiente al año 2019.
En la huelga participa la seccional ANEP-Municipalidad de Alajuela junto a otras organizaciones sindicales.
Por el momento se encuentran paralizadas diversas labores del plantel municipal como: aseo de vías y recolección. Así como parquímetros, parte administrativa y un sector de la policía municipal, entre otros.
Para declaraciones o entrevistas comunicarse con Oscar Mora, presidente de la Seccional ANEP-Municipalidad de Alajuela al 7011 6513
Tras 50 días de huelga, la presidenta de la Seccional ANEP-Municipalidad de Guatuso, Nidia Rodríguez, se dispuso a regresar a las funciones municipales debido a que se desempeña como auditora y ha recibido varias denuncias.
Sin embargo, una cadena y un candado diferente al que acostumbra a abrir fueron encontrados en la puerta de su lugar de trabajo; lo cual le impidió retomar sus funciones.
“Esto lo tomo como una represalia para que no regrese a trabajar, a ellos (administración) no les conviene. No ha existido ninguna situación de acoso contra mi persona hasta este momento. Mis compañeros sin han sido víctimas, incluso la administración dio la orden de que ninguno de ellos puede entrar a la municipalidad, entonces si alguno ya no desea seguir en la huelga no puede regresar al centro de trabajo como funcionario”, comentó Rodríguez.
Son 14 funcionarios que se mantienen en huelga desde el pasado 10 de setiembre.
Por su parte, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) tomará las medidas correspondientes ante la represión sindical y que las personas que participaron en este aberrante hecho sean sancionadas.
Es una verdadera “ganga” para el eventual comprador del BCR que se lo llevaría en “combo” por tan ridículo precio, dado que el BCR es, en realidad, un conglomerado de negocios: BCR Pensiones, BCR Valores, BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, BCR Corredora de Seguros. Además, el BCR es el accionista mayoritario del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA). ¿Qué significa todo esto? Para los más amplios sectores populares y los grandes grupos con conciencia cívico-patriótica, esto es un “megachorizo sin precedentes”.
Contundente: ¡el préstamo gota a gota ya es delito criminal! Gran papel jugó el Colegio de Abogados y de Abogadas de Costa Rica, mediante su Comisión de Crimen Organizado y Seguridad. Su Junta Directiva tomó el acuerdo 2023-01-024 de impulsar tal proyecto y don Gilbert y doña Gloria hicieron toda la gestión de promoción parlamentaria para que, afortunadamente, ya tenga segundo debate.
No crean que ese proyecto fue creado por generación espontánea. ¡NO! Ese proyecto está, presuntamente, apadrinado por la Asociación Costarricense de Microfinanzas (Asocomi), agrupación que vela por los intereses de un grupo de empresas financieras las cuales instrumentalizan el drama humano de miles de costarricenses que tienen que acudir a los créditos gota a gota; además, les sirve de excusa la supuesta exclusión financiera.
Es momento de visibilizarse como mujeres, de demostrar las capacidades que nos caracterizan, de tomar los espacios en las aulas, de capacitarnos, de tomar decisiones, de que valoren nuestras capacidades en los puestos laborales, de apoyar a otras mujeres y niñas, para así minimizar los índices de desigualdad de la mitad de la población como lo son las mujeres.
El sistema Nacional de las juventudes en nuestro país, a través del tiempo ha estado bajo el control de no solo personas adultas tratando de imponer sus decisiones hacia las juventudes de nuestro país, sino que, a su vez, el Sistema Nacional de Juventudes ha estado secuestrado por intereses partidarios y esto ha incidido en que muy pocas personas jóvenes de nuestro país (de los 12 años a los 35 años), sepan que existe un Sistema Nacional de Juventudes.
