Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.
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A dicho proyecto le pusieron el nombre de “Ley para el apoyo y fortalecimiento del sector agrícola”, un nombre demasiado genérico como para permitir cualquier cosa. Valga indicar que fue el Estado quien prestó la plata, a través de un programa denominado “Fideicomiso de Reconversión Productiva”; préstamos que fueron a dar a manos de pequeños y medianos agricultores; pero también a “grandotes”, según parece.
En el último minuto se “destapó el tamal” y se “descubrió” que había unos cuantos potenciales beneficiarios de tal proyecto de ley, muy lejos de ser pequeños y medianos agricultores. Según informaciones periodísticas, dos ciudadanos, padre e hijo, los señores Elías Reifer Grimbaum y Jorge Reifer Zozinski, hubiesen salido favorecidos al condonárseles una deuda por 97,8 millones de colones. Una familia de apellido Stein, también tendría su condonación, por la nada despreciable suma de 146,7 millones de colones.
También otra relación de parientes, padre e hijo, los señores Carlos Eduardo González Barrantes y Jorge González Castro, se habrían beneficiado si les fuese perdonada una deuda por 97 millones de colones. Presuntamente, hay más casos de igual calibre. Estos datos son tomados del principal periódico de la oligarquía neoliberal, de manera tal que es dable creer en la realidad de tal información, pues se trata de gente de su misma clase social.
Ya rodó una cabeza por semejante jugada. Destituyeron al gerente general del Consejo Nacional de la Producción (CNP), el señor José Miguel Carrillo. Nosotros pensamos que también otro jerarca es igualmente responsable y debería ser destituido. Es el señor Luis Guillermo Vargas, Presidente Ejecutivo del CNP. Por más que tratamos de entenderlo, no comprendemos cómo fue que esos y otros potenciales beneficiarios, empresarios de gran calibre y de renombre, pudieran pasar “sombreados”, sin que fuesen detectados en cuanto a que no podrían ellos aspirar a que les fuesen perdonadas “jugosas deudas agrícolas”, como las llamó el periódico que les representa.
Desde hace bastante tiempo, nosotros hemos venido insistiendo en que toda la institucionalidad pública es víctima de una especie de “asalto” organizado, con ropaje legal, de forma tal que se generan grandes ganancias y oportunidades de negocios para reducidos grupos económicos ligados al poder político ó que ejercen éste de manera directa. Lo que ha sucedido con este proyecto de ley 17.165, parece constituirse en un nuevo episodio de esas reprochables prácticas que, por ejemplo, con la cosa pública socializan las pérdidas y privatizan las ganancias.
Aunque se ha anunciado una gran depuración de las listas de los potenciales beneficiarios para determinar los que, en verdad, sí deben tener derecho a la condonación de deudas agrícolas con tal proyecto de ley; somos escépticos en cuanto a que los verdaderos responsables de esta intentona de una especie de apropiación indebida de fondos públicos, sean realmente señalados y, eventualmente, juzgados. Nuestro escepticismo y desconfianza es mayor a sabiendas de que fueron los propios diputados oficialistas, del partido en el Gobierno, los que impulsaron que en la condonación de deudas que se aprobaría, fuesen incluidos “grandotes”. Sería muy interesante y, en verdad de gran necesidad, que la Fiscalía General de la República se metiera de lleno en este asunto.
