La cantidad indicada fue partida en dos segmentos, uno de 70 mil y otro de 30 mil dólares, con lo cual las altas autoridades políticas del ICT, habrían evitado el necesario refrendo para tal erogación, por parte de la Contraloría General de la República (CGR).

Esa abultada erogación, partida en dos, se definió en las sesiones ordinarias de la Junta Directiva del ICT, Nos. 5285 y 5286, celebradas, respectivamente, los días 15 y 20 de enero del 2004; tal y como la Licda. Lucía López Regidor, Secretaria de tal organismo, se lo da a conocer al Sr. Rodrigo Castro Fonseca, Presidente Ejecutivo con rango de Ministro del ICT.

Llama poderosamente la atención la circunstancia de que el mismo asunto, se haya conocido, debatido y resuelto en dos sesiones ordinarias, distintas, de la Junta Directiva del ICT; lo cual podría hacer indicativo de una eventual especie de diseño de cobertura legal, para diferir la erogación y no someterla al trámite ante el ente contralor.

La ANEP no se explica cómo es posible que se defina tan alta erogación de fondos públicos en época de crisis fiscal, cuando el Gobierno de la República clama a la Asamblea Legislativa, que se aprueben nuevos impuestos para hacerle frente a sus gastos.

Además, esta erogación es altamente cuestionable a la luz de las impactantes reducciones presupuestarias que ha sufrido el programa de atención a las microempresas turísticas a cargo del propio ICT; tal y como es el clamor de varios de sus profesionales funcionarios, sumidos en una gran frustración por un sesgo institucional, marcadamente promotor, únicamente, de las "grandes" actividades turísticas.

La ANEP solicitará, en próximos días, una debida investigación sobre el particular a la Contraloría General de la República, y desde ya prepara la respectiva denuncia.

Además, si bien es cierto que en Costa Rica, muy lamentablemente, no existe una legislación que penalice el tráfico de influencias o que determine los límites éticos de potenciales conflictos de intereses; llama poderosamente la atención que en este caso, un alto jerarca de la firma Credomatic de Costa Rica, S. A., es a su vez, miembro del Consejo Director del Polo Turístico del Golfo de Papagayo, ente adscrito al ICT.

En otros países, donde la ética y la transparencia en la gestión pública son pilares fundamentales de la credibilidad ciudadana en su institucionalidad, este vínculo bastaría por sí solo para poner en entredicho lo actuado por el ICT; más allá del cuestionamiento sobre un gasto, en principio superfluo e innecesario, considerando que el artista en mención, por su calidad, su profesionalismo y su fama mundial, hace rentable, totalmente, una inversión privada, sin necesidad de acudir a las "escuálidas" finanzas públicas, según el decir del actual Gobierno.

Toda la documentación de rigor para esta denuncia, está en poder de la ANEP.

San José, 3 de febrero de 2004.