¿Tercer año con pandemia?

Tristemente, nuestras comunidades, nuestros niños, nuestros vecinos se ven perjudicados por la actividad criminal. Por eso no es aceptable que nos vendieran la idea de “se están matando entre ellos, son guerras por territorio”.

Mainor Anchía-Opinión

Estamos de momento por encima de las cifras que para estas fechas se dieron en los años 2015 y 2016. Por tercer año consecutivo, los homicidios proliferan en distintas comunidades de nuestro bello país (no solamente en Limón). El asunto debe ser abordado con seriedad, con responsabilidad y con acciones concretas. No basta con seguir diciendo “es culpa de otros”.

Tristemente, nuestras comunidades, nuestros niños, nuestros vecinos se ven perjudicados por la actividad criminal. Por eso no es aceptable que nos vendieran la idea de “se están matando entre ellos, son guerras por territorio”. Eso es ser incapaz, e irresponsable en el ejercicio de un cargo público. Justificaciones van y vienen, mientras nuestros niños y jóvenes siguen siendo víctimas de las drogas y de las balas perdidas.

Los constantes golpes al narcotráfico no deberían ser, únicamente, motivo de celebración para nuestras autoridades que sabemos convocan a conferencia de prensa para mostrar con orgullo, los frutos del trabajo de nuestros oficiales.

También debería ser motivo de reflexión y análisis por cuanto reflejan un incremento en el uso de nuestro país como puente para el traspaso de drogas entre las Américas. Además evidencia que las cantidades de estas sustancias ilícitas que flagelan nuestra sociedad, son cada vez mayores.

Se ha convertido de esta forma este bello país en un estratégico punto de bodegaje en el mapa de los grandes narcotraficantes a nivel internacional ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Qué deberíamos hacer? De momento ante la criminalidad, el incremento en la violencia, urgen acciones, sin permitir que se politice algo tan esencial, como la seguridad ciudadana.

Una de las cosas es la que hemos particularmente insistido es, en que se debe preponderar la prevención, el trabajo coordinado, producto de una Política de Estado. Es urgente que definamos como país una ruta, un norte, un plan de seguridad. El hecho más reciente, indistintamente de los antecedentes de las personas involucradas, se presentó frente a un centro educativo; mismo que partiendo de las declaraciones que dio una funcionaria de dicho centro educativo en un medio de comunicación, no cuenta con un protocolo de atención de emergencias de esta naturaleza. No es lo mismo, un temblor, y/o un incendio, a una balacera.

Por otro lado, el citado evento reciente que acapara toda la atención mediática y genera diversas reacciones, se dio en la comunidad de Escazú. Lo cual debe llamarnos la atención en lo siguiente: No solamente en los barrios marginales se presentan este tipo de situaciones. Inclusive, si hacemos un pasaje por la historia, podemos encontrar que los grandes “capos” de la droga y otros peligrosos delincuentes se instalan en residenciales que les aseguren cierta tranquilidad, discreción y “clase”. Se asume erróneamente que los delincuentes únicamente pueden ser aquellos que habitan en las comunidades vulnerables.

Los factores que originan la conducta sociópata constituyen una larga y gruesa lista, llena de ítemes complejos que van desde la falta de oportunidad para suplir las necesidades básicas, hasta disputa por territorios para la venta de psicotrópicos. No hay utilidad alguna en conocer el causal del accionar criminal si no se implementan herramientas de prevención para evitar, o en primera instancia, minimizar el índice delictivo.

La Policía de Control de Drogas (PCD) desarticula constantemente grupos dedicados a la distribución de drogas, pero de inmediato surgen nuevos grupos, inclusive muchas veces surge la disputa de territorio entre estos nuevos grupos que intentan acaparar el mercado; o sea, hay mercado, de no haberlo no habría tales disputas.

La represión es un instrumento partícipe en el actuar policial, como resultado de las acciones que debe emprender el Estado para repeler la criminalidad, pero no debe ser la única estrategia. La policía judicial tiene por competencia la represión y la persecución de los delitos. La policía Administrativa por su parte, tiene la competencia de prevenir con su sola presencia la comisión de delitos. Sin embargo, deben trabajar juntas la información criminal que permita articular acciones en favor de la seguridad común.

La represión viene siendo la tónica, misma que alcanza inclusive a las personas que integran las fuerzas de policía civilista, que paradójicamente son el “brazo fuerte” del Estado. Cada vez que se deja en indefensión a un funcionario de cualquier cuerpo policial, se debilita la actuación de todas las policías y se favorece la actividad criminal. El Estado debería por el contrario dotar de herramientas técnicas, logísticas y jurídicas a los cuerpos policiales

Estamos avisados. ¡Tercer año de pandemia por homicidios!

Mainor Anchía Angulo,
Policía-Directivo Nacional de ANEP
mainoranchia@anep.or.cr

Última modificación: 23 de mayo de 2017 a las 15:45

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