A tan solo días de vigencia del TLC: Aumentan las tarifas telefónicas

ICE aplicará ajuste en precios a mediados de enero:
MENSAJES DE TEXTO COSTARÁN ¢5.25

MARIETTA ESPINOZA M
mespinoza@ diarioextra.com

Los mensajes de texto dejarán de costar ¢1.50, antes de que finalice el mes de enero el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) cobrará por cada uno de ellos ¢5.25, o sea un 350% más de lo que se paga en la actualidad.

Así lo confirmó el vocero del ICE, Elberth Durán, quien recalcó que este ajuste es parte de la actualización de las tarifas en todos los servicios del sector de telecomunicaciones.

“El Internet se reduce a la mitad, así como el servicio telefónico internacional y los servicios empresariales, entre otros. Estos ajustes están para aplicarse en enero, pero la fecha específica no se ha definido”, comentó.

Aunque las llamadas fuera del país serán más baratas, las tarifas locales también aumentarán.

Según lo aprobado por las autoridades del ICE, la tarifa básica residencial pasará de ¢1.850 a ¢2.035, el minuto pleno residencial de ¢410 a ¢450 y el minuto reducido de ¢2 a ¢2.25.

En el caso de los celulares, la tarifa básica pasará de ¢2.900 a ¢3.190, el minuto pleno celular pasará de ¢30 a ¢33 y el reducido de ¢23 a ¢25, al tiempo que los mensajes de texto pasarán de ¢1.50 a ¢5.25.
OTROS CAMBIOS

Entre lo aprobado se contempla también modificaciones en las franjas horarias; seis horas que hasta ahora se mantienen en tarifa reducida pasarán a tarifa plena, o sea hablar en este horario será más caro.

Actualmente la tarifa plena rige desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, mientras que la reducida se aplica de 7 de la noche hasta las 7 de la mañana, incluyendo los sábados y domingos.

Pero con el cambio la tarifa plena será de 6 de la mañana a 12 media noche, mientras que la reducida regirá de las 12 media noche a las 6 de la mañana, incluyendo los días sábados. Solo los domingos se daría una tarifa reducida.

DISCREPANCIAS ENTRE ICE Y ARESEP

El aumento en las tarifas de los servicios de telecomunicaciones que se aplicó el ICE, sin el visto del ente regulador, provocó la reacción del jerarca de esta última entidad, Fernando Herrero.

Mientras en el ICE sostienen que la apertura del mercado le da la potestad de definir las tarifas que cobrarán por los servicios que ofrecen, la Aresep rechaza este argumento puesto que debe existir una resolución de la Sutel en la que se determine que existen las condiciones de competencia para que los operadores puedan establecer sus propias tarifas.

Erick Jiménez, director jurídico del ICE, explicó a DIARIO EXTRA, que antes el servicio estaba regulado por la Aresep, pero con el nuevo escenario será la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) la que defina las tarifas cuando no exista competencia efectiva.

Si se da la competencia entre los operadores, la Sutel establecerá la banda máxima y mínima dentro de la cual se pueden mover los precios de cada uno de los servicios.

En el ICE aseguran que la entrada en vigencia de las nuevas tarifas se comunicará con anticipación a los usuarios del servicio. Por ahora tampoco han definido si las bajas y las alzas aprobadas entrarán a regir al mismo tiempo.

FUERTE
ALZA EN SERVICIO TELEFÓNICO
Servicio Básico Minuto pleno* Minuto reducido**
Residencial    
De ¢1850 a ¢2.035 ¢410-¢450* ¢2- ¢2.25**
Celular    
De ¢2.900 a ¢3.190 ¢30-¢33* ¢23 a ¢25**
Mensajes de Texto ¢1.50 -¢525*  
*Regirá de 6 am a 12 media
noche. (L a S). **Regirá de 12 media noche a 6am y domingos.

Fuente: Diario Extra, 9 de enero de 2009

Porqué me opongo al TLC-CA
Why I oppose CAFTA

Guatemala, 1 de Diciembre del 2008

Alrededor del TLC puede y debe abrirse un nuevo capítulo

Como es bien conocido, uno de los componentes principales del modelo neoliberal globalizante y que mayor polémica ha generado en la vida económica, social y política de la región centroamericana, ha sido la firma y puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica.

El tiempo, en corto plazo, se ha encargado de demostrar que al entonces Senador Obama y a los 214 senadores quienes también votaron “NO”, los asistía la razón. De igual manera, ha quedado puesto en claro que no se equivocaban las centenas de miles de personas que, por múltiples vías y a lo largo y ancho de toda América Central expresaron su rechazo a esta imposición foránea.

En cuanto concierne a los países centroamericanos, los efectos negativos derivados de la entrada en vigencia de este Tratado ya son evidentes y dolorosos en la mayoría de los países. Esto, con el agravante de que el costo de esos efectos recae, con especial énfasis, en los hombros y espaldas de los sectores sociales más débiles y vulnerables de nuestra estructura social. Sobran ejemplos para demostrarlo.

El hoy Presidente Electo de los Estados Unidos en múltiples ocasiones expresó su oposición a este Tratado fundamentado en dos factores principales:

1.– El TLC-CA “hace menos por proteger el trabajo que los acuerdos comerciales anteriores”, y,

2.- “Hace poco por atender los estándares ambientales en los países centroamericanos”.

Estos dos argumentos no solamente han mostrado su validez, sino que, peor aún, se han convertido en severas y activas amenazas contra la calidad de vida de trabajadores y trabajadoras tanto en Centroamérica como en los propios Estados Unidos.

Desde las organizaciones populares que formamos parte del FNL, llamamos a la futura administración estadounidense y al Partido Demócrata a abrir espacio a un nuevo proceso de negociación, en la cual la voz de los pueblos pueda expresarse libremente y sea escuchada. De esa manera podrá crearse la opción de generar otras formas de relación comercial o de intercambio, fundamentadas en valores como el apoyo mutuo, el respeto recíproco y otros afines que también deben ser considerados en las relaciones comerciales.

El comercio no debe regirse nada más que por la ley de la oferta y la demanda, la cual, en el caso de nuestros países centroamericanos, deben entenderse simplemente como la vía que abre el paso a la codicia desmedida propia de los sectores más poderosos. La ética, la voluntad de contribuir a la construcción de un modelo de sociedad justo, digno y humano, también deben estar presentes en las relaciones comerciales, más allá del mero discurso retórico pero vacío.

Es importante recordar, además, que en el proceso de negociación, (que más tuvo la forma de imposición), no sólo se firmó el texto del Tratado, sino que, de manera paralela, se forzó la modificación de un amplio conjunto de leyes locales en cada uno de los países centroamericanos. En muchos casos, las reformas impuestas en el marco de las llamadas “Leyes Complementarias” resultan tanto o más lesivas que el texto mismo del Tratado.

Como regla de oro para la forja de relaciones internacionales armoniosas, coherentes y de mutuo beneficio, el intercambio desigual debe cesar. Para que ello sea posible, el actual Tratado de Libre Comercio debe ser denunciado y deben re-discutirse las Leyes Complementarias que, por imposición, se reformaron.

Para que entre los Estados la concordia se imponga sobre las animadversiones, es preciso renunciar a imposiciones de cualquier tipo. En consecuencia, el Tratado de Libre Comercio debe revocarse con urgencia y, entonces, sobre la base de una mesa limpia, dar inicio a un nuevo y auténtico proceso de negociación, respetuoso y sin exclusiones. Un proceso que tenga, como voluntad política por ambas partes, la de aproximar el desarrollo, contribuir al bienestar de los pueblos y facilitar la armonía entre los Estados.

Solicitamos, pues, a la nueva administración estadounidense que, a tono con su discurso, contribuya a crear los mecanismos necesarios para que se detenga la agresión contra los derechos e intereses de los pueblos centroamericanos que nace desde la letra y el espíritu del TLC.

Instamos al Gobierno de Álvaro Colom y a los otros Presidentes centroamericanos, a que pidan al nuevo Gobierno estadounidense la urgente renegociación del TLC y del paquete de leyes complementarias, como vía para edificar relaciones comerciales basadas en la justicia y que apunten hacia el auténtico desarrollo de los pueblos.

Y, mientras se renegocian las reglas de un nuevo intercambio comercial, el actual Tratado debe derogarse. Ya es muy alto el costo que, hasta el momento, les ha impuesto a los sectores populares.

¡La Lucha Sigue!

FNL, Guatemala

Para conocer con detalle la posición del Presidente Electo de los Estados Unidos con respecto al TLC-CA, adjuntamos el artículo, escrito de su puño y letra, publicado por La Tribuna de Chicago el Jueves 30 de Junio del 2005, titulado “Por qué me opongo al TLC-CA”. En el texto del artículo se recogen las razones que lo llevaron, con acierto, a votar en contra de este nefasto Tratado. Lo adjuntamos tanto en su versión original, en inglés, como traducido al español.

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Thursday, June 30, 2005
CHICAGO TRIBUNE

The proposed accord does less to protect U.S. labor than previous trade agreements, and does little to address environmental standards in the Central American countries.
By Barack Obama.

This week Congress will debate the Central American Free Trade Agreement.

I wish I could vote in favor of CAFTA. In the end, I believe that expanding trade and breaking down barriers between countries is good for our economy and for our security, for American consumers and American workers. CAFTA would benefit farmers here in Illinois as well as agricultural and manufacturing interests across the country.

We also shouldn’t kid ourselves into believing that voting against trade agreements will stop globalization—especially ones like CAFTA, where the countries involved have combined economies one-sixth the size of Illinois’.
Globalization is not someone’s political agenda. It is a technological revolution that is fundamentally changing the world’s economy, producing winners and losers along the way. The question is not whether we can stop it, but how we respond to it. It’s not whether we should protect our workers from competition, but what we can do to fully enable them to compete against workers all over the world.

So far, America has not effectively answered these questions and American workers are suffering as a result. I meet these workers all across Illinois, workers whose jobs moved to Mexico or China and are now competing with their own children for jobs that pay 7 bucks an hour. In town meetings and union halls, I’ve tried to tell these workers the truth—that these jobs aren’t coming back, that globalization is here to stay and that they will have to train more and learn more to get the new jobs of tomorrow.

But when they wonder how they will get this training and this education, when they ask what they will do about their health-care bills and their lower wages and the general sense of financial insecurity that seems to grow with each passing day, I cannot look them in the eyes and tell them that their government is doing a single thing about these problems.
That is why I won’t vote for CAFTA.

There are real problems in the agreement itself. It does less to protect labor than previous trade agreements, and does little to address enforcement of basic environmental standards in the Central American countries and the Dominican Republic. Moreover, there has been talk that, in order to get votes from legislators from sugar-producing states, the Bush administration may be preserving indefensible sugar subsidies that benefit a handful of wealthy growers and cripple Illinois candy manufacturers.

But the larger problem is what’s missing from our prevailing policy on trade and globalization—namely, meaningful assistance for those who are not reaping its benefits and a plan to equip American workers with the skills and support they need to succeed in a 21st Century economy.

So far, almost all of our energy and almost all of these trade agreements are about making life easier for the winners of globalization, while we do nothing as life gets harder for American workers. In 2004, nearly 150,000 workers were certified as having lost their jobs due to trade and were thus eligible for Trade Adjustment Assistance—and this number doesn’t even count service workers like janitors and cafeteria employees.

But this is about more than displaced workers. Our failure to respond to globalization is causing a race to the bottom that means lower wages and stingier health and retiree benefits for all Americans. It’s causing a squeeze on middle-class families who are working harder but making even less and struggling to stay afloat in this new economy. As one Downstate worker told me during a recent visit, “It doesn’t do me much good if I’m saving a dollar on a T-shirt at Wal-Mart, but don’t have a job.”

And so now we must choose. We must decide whether we will sit idly by and do nothing while American workers continue to lose out in this new world, or if we will act to build a community where, at the very least, everyone has a chance to work hard, get ahead and reach their dreams.

If we are to promote free and fair trade—and we should—then we must make a national commitment to prepare every child in America with the education they need to compete in the new economy; to provide retraining and wage insurance so even if you lose your job you can train for another; to make sure worker retraining helps people without getting them caught in bureaucracy; that it helps service workers as well as manufacturing workers and encourages people to re-enter the workforce as soon as possible.
We also need to figure out a way to tell workers that no matter where you work or how many times you switch jobs, you can take your health care and pension with you always, so you have the flexibility to move to a better job or start a new business.

We cannot expect to insulate ourselves from all the dislocations brought about by free trade, and most of the workers I meet don’t expect Washington to do so. But we need a national commitment.
In America, we have always furthered the idea that everybody has a stake in this country and that everyone deserves a shot at opportunity.

The imbalance in this administration’s policies, as reflected in the CAFTA debate, fails to provide American workers with their shot at opportunity. It’s time we gave them that shot.

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Traducción

Jueves, 30 de junio, 2005
CHICAGO TRIBUNE

El acuerdo propuesto hace menos para proteger el trabajo en Estados Unidos que los acuerdos anteriores, y hace poco para alcanzar los estándares ambientales en los países Centroamericanos.

Esta semana, en el Congreso se discutirá el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica.

Desearía poder votar a favor del CAFTA. Al final, creo que ampliar el comercio y derribar barreras entre los países es bueno para nuestra economía y para nuestra seguridad, para los consumidores norteamericanos y para los trabajadores norteamericanos. El CAFTA beneficiaría a los agricultores aquí en Illinois así como los intereses agrícolas y manufactureros en todo el país.

Tampoco debemos engañarnos al creer que el votar en contra de tratados de comercio detendrá la globalización, particularmente, tratados como el CAFTA, en donde los países involucrados tienen economías mixtas del tamaño de una sexta parte de la de Illinois.

La Globalización no es la agenda política de alguien en particular. Es una revolución tecnológica que fundamentalmente está cambiando la economía mundial, generando ganadores y perdedores a su paso. La cuestión no es si podemos detenerla, sino cómo respondemos a ella. No se trata de si debemos proteger a nuestros trabajadores de la competencia, sino de lo que podemos hacer para capacitarlos plenamente para competir en contra de trabajadores en todo el mundo.

Hasta el momento, Estados Unidos no ha dado una respuesta efectiva a estas preguntas y los trabajadores norteamericanos están padeciendo como resultado de ello. Me encuentro con estos trabajadores en todo Illinois, trabajadores cuyos trabajos se han desplazado hacia México o hacia China y ahora están compitiendo contra sus propios hijos por empleos que pagan 7 dólares la hora. En reuniones comunitarias y sedes sindicales, he tratado de decirles a estos trabajadores la verdad, de que estos trabajos no regresarán, que la globalización está aquí para quedarse y que ellos tendrán que capacitarse más y aprender más para obtener los nuevos empleos del mañana.

Pero cuando ellos se preguntan cómo obtendrán esta capacitación y ésta educación, cuando preguntan qué harán con sus facturas médicas y sus salarios más bajos, así como sentido general de inseguridad financiera que pareciera incrementar día a día, no puedo verles a los ojos y decirles que su gobierno está haciendo por lo menos una cosa para enfrentar estos problemas.

Por eso, es que no votaré por el CAFTA.

Hay problemas dentro del acuerdo mismo. El acuerdo hace menos para proteger el trabajo que los acuerdos anteriores, y hace poco para alcanzar los estándares ambientales en los países Centroamericanos. Más aún, se ha dicho que para lograr los votos de legisladores de los Estados productores de azúcar, la administración Bush pudiera estar preservando subsidios azucareros indefendibles que beneficiarían a un puñado de productores ricos y lesionaría a productores de dulce en Illinois.

Pero el problema mayor es lo que falta de nuestra actual política sobre comercio y globalización, específicamente, apoyo significativo para aquellos que no están cosechando ganancias así como un plan para equipar a los trabajadores norteamericanos con las destrezas y el apoyo que necesitan para tener éxito en una economía del siglo veintiuno.

Hasta el momento, casi todos nuestros acuerdos sobre energía y comercio tienen que ver con facilitar la vida de los ganadores de la globalización, pero que no hacemos nada mientras que la vida de los trabajadores norteamericanos se endurece. En el 2004, se registró que casi 150,000 trabajadores perdieron sus empleos debido al comercio y por lo tanto eran elegibles para la Asistencia de Ajuste de Comercio, y esta cantidad ni siquiera incluye a trabajadores del sector servicios como conserjes y empleados de cafeterías.

Pero esto va más allá de trabajadores desplazados. Nuestro fracaso en responder a la globalización está causando una carrera hacia el fondo que significa salarios más bajos, prestaciones de salud y de jubilación más raquíticas para todos los norteamericanos. Está provocando un apretón sobre las familias de clase media quienes están trabajando más duro pero generando menos y luchando por mantenerse a flote en esta nueva economía. Como me lo dijo un trabajador al sur del Estado durante una visita reciente, “No me beneficia en nada si ahorro un dólar en una playera en Wal-Mart, si no tengo un empleo”.

Entonces, ahora, debemos elegir. Debemos decidir si nos sentaremos sin hacer nada mientras los trabajadores norteamericanos siguen perdiendo en este nuevo mundo, o si actuaremos para construir una comunidad en donde, por lo menos, todos tienen una oportunidad de trabajar duro, progresar y alcanzar sus sueños.

Si vamos a promover un comercio libre y justo, lo cual deberíamos, entonces, debemos asumir un compromiso nacional de preparar a cada niño en los Estados Unidos con la educación que necesitan para competir en la nueva economía; de brindar re-capacitación y seguro de salario para que aún cuando pierdan su trabajo, puedan capacitarse para otro, asegurarse que la recapacitación realmente ayude a las personas sin que se les enrede en la burocracia, que ayude a los trabajadores del sector servicios tanto como del sector manufacturero, y que estimula a la gente a reingresar a la fuerza laboral lo más pronto posible.

También debemos encontrar la forma de decirles a los trabajadores que no importa dónde trabajen o cuántas veces cambien de trabajo, pueden llevar consigo su sistema de salud y pensión siempre, de manera que tengan la flexibilidad para mudarse a un mejor trabajo o iniciar un negocio nuevo.

No podemos esperar aislarnos de las desubicaciones que trae consigo el libre comercio, y la mayoría de los trabajadores con los que me he encontrado, no esperan que Washington lo haga. Pero necesitamos un compromiso nacional.

En Estados Unidos, siempre hemos divulgado la idea de que todos estamos involucrados en este país y que todos merecemos una oportunidad.

El desbalance en las políticas de esta administración, como se reflejan en el debate sobre el CAFTA, fracasa en brindarles a los trabajadores norteamericanos su oportunidad. Es hora ya que les demos esa oportunidad.

PAC pide a Fiscalía investigar magistrados constitucionales

En ese sentido, diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) pidieron al Fiscal General, Francisco Dall’Anesse que inicie una investigación para determinar si los magistrados de la Sala IV violentaron la Constitución, cuando entre el 24 y el 28 de marzo pasado, funcionaron dos salas constitucionales.

La Sala de Propietarios, a juicio del PAC, no podía tomar resoluciones, pues seis de sus siete integrantes, habían sido separados de sus cargos con goce de sueldo durante esa semana, pero votaron sobre tres consultas facultativas hechas por el Congreso sobre leyes de implementación del TLC.

Asimsimo, el ahora destituido magistrado suplente Federico Sosto (además asesor del presidente Oscar Arias y su hermano Rodrigo Arias en temas de TLC) actuó en las dos “salas”.

Permiso para estudiar, no para votar

En esas fechas los siete magistrados propietarios de la Sala IV pidieron un permiso con goce de salario y se “separaron de sus cargos” para dedicarse “al estudio de consultas facultativas relacionadas con la agenda de implementación “ del TLC con Estados Unidos.

Paralelamente, fue integrada otra Sala con suplentes que presidió el ahora destituido magistrado suplente Federico Sosto.

Ambas Salas funcionaron por separado, y la de los titulares -que presuntamente estaban separados de sus cargos-evacuó una consulta facultativa sobre la Ley General de Telecomunicaciones, otra sobre el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, y una tercera sobre el proyecto de aprobación de la Adhesión de Costa Rica al Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento”.

Dichas consultas, según el abogado constitucionalista Juan José Sobrado, estarían viciadas de nulidad , pues es muy claro que los propietarios se encontraban con permiso y separados de los cargos.

La propia presidenta de Sala Constitucional en ese momento, magistrada Ana Virgnia Calzada, había solicitado el 10 de marzo “permiso con goce de salario” para todos los magistrados propietarios de la sala, a afectote que del 24 al 28 de marzo del 2008 “se separen de su cargo y se dediquen al estudio de las consultas facultativas relacionadas con la agenda de implementación“ del TLC con Estados Unidos.

El único que hizo una salvedad fue el magistrado Luis Paulino Mora, pues pidió que se le autorizara asistir a las sesiones de corte Plena -la cual preside-y además se le autorizara a votar en la Sala Constitucional.

La denuncia sobre esos hechos la hicieron la tarde del martes durante una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa, los diputados Leda Zamora, Alberto Salom, Olivier Pèrez, Ronald Solís y Rafael Madrigal, quienes junto a Grettel Ortiz, presentaron la denuncia ante el Ministerio Público.

Sosto con dos sombreros

Entre el 24 y el 28 de marzo funcionaros dos salas: la primera integrada por los titulares Ana Virginia Calzada, Luis Paulino Mora, Adrián Vargas, Gilbert Armijo, Ernesto Jinesta y Fernando Cruz, acompañados del magistrado suplente Gastón Certad.

La segunda sala, que era la que debía operar como la legítima para esos días, era presidida por el controvertido magistrado Federico Sosto, destituido posteriormente, cuando se descubrió que además de magistrado era asesor del presidente Oscar Arias y su hermano Rodrigo Arias en temas que luego debía votar en la sala.

Pero, según la denuncia, Sosto no solo presidía la Sala de suplentes, sino que en una sesiòn del 26 de marzo pidió al magistrado Gastón Certad que le diera su campo para dictar sentencia sobre el proyecto de ley de Aprobación del Convenio Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales. Sosto sabía que los propietarios en ese momento no podían fungir como magistrados, pues estaban separados de sus cargos, de acuerdo con la denuncia del PAC.

Asimismo, eljueves 27 de marzo, Sosto vuelve a la Sala de magistrados suplentes y resuelven 265 asuntos, entre recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad y recursos de habeas corpus.

Ese mismo día, Sosto salta de nuevo a la Sala de “propietarios”, para votar la consulta legislativa referente al proyecto de ley Adhesiòn de Costa Rica al Tratado sobre el Derecho de Marcas y su reglamento. Todos sabían que no podían actuar como Sala Constitucional pero lo hicieron, señaló el PAC.

El viernes 28, la Sala de “propietarios”, nuevamente acompañados del magistrado Sosto, vuelve a sesionar para esta vez votar la consulta legislativa referente al proyecto de Reforma y adidicòn de varios artículos de la ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual.

Estaban impedidos para votar

De acuerdo con la denuncia presentada por el PAC ante la Fiscalía General, el único magistrado de los propietarios que podìa votar en la Sala era el presidente de la Corte, Luis Paulino Mora, a tenor del acuerdo del 10 de marzo de Corte Plena.

En su denuncia el PAC señala que “con los actos denunciados se da la presunta violación al deber de probidad en su ejercicio como servidores públicos, al violentar flagrantemente lo prescrito por ordenamiento jurídico”, entre ellos varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así como hubo dos salas, pudieron haberse creado tres o cuatro. Imágínese la inseguridad jurídica que ello crea, declaró el diputado Salom.

Entretanto, la diputada Zamora dijo que corresponderá al Ministerio Público determinar si los casos votados por la “sala” de propietarios están completamente viciados de nulidad, lo que podría dejar en suspenso el paquete de leyes de implementación del TLC.

Asimismo, de acuerdo con la denuncia del PAC , el magistrado Sosto (quien paralelamente funcionaba como asesor de la presidencia de la República) integró las dos Salas.

Según el PAC, con esos actos “se violó flagrantemente lo prescrito por el ordenamiento jurídico” y se causó “una gran inseguridad jurídica”.

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* Informa-tico.com

Agenda de Implementación: Leyes de Telecomunicaciones

Las leyes que tienen que ver con las telecomunicaciones y en consecuencia con el ICE son dos: “Ley General de Telecomunicaciones”, (LGT), aprobada el 14/05/2008 y la “Ley de Fortalecimiento y Modernización de la Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones”, en consulta en la Sala Constitucional y que posiblemente apruebe el G-38 próximamente.

El segundo proyecto, a pesar de su nombre, en realidad es muy poco lo que lograría fortalecer al ICE y aun si lo hiciera, no eliminaría el altísimo riesgo, que el mismo ICE ha calculado en un 50.42%, pues le sería imposible hacer frente por mucho tiempo, a empresas privadas y gigantescas que operan bajo una normativa legal totalmente diferente, por el principio de legalidad: “el privado puede hacer todo lo que la ley no le prohíba, las entidades públicas solo lo que la ley les permita”.

En relación con la LGT, esta otorga concesiones para el uso del espectro radioeléctrico (frecuencias), por un plazo de 25 años, para todos los operadores por igual, artículo 24, eliminando las concesiones que de por vida tiene el ICE, según artículo 1 de la Ley No. 3226, del 28/10/1963.

Además, en el artículo 45, inciso 17, exige el servicio de “portabilidad numérica”, lo cual implicaría para el ICE (muy posiblemente) una inversión de aproximadamente $15 millones, para implementar una facilidad que garantizaría que sus propios clientes puedan emigrar a otro operador, sin que deban cambiar de número telefónico.

Toda apertura causa en el caso de las telecomunicaciones, la desconcentración de las redes de un país, lo cual encarece la infraestructura en aproximadamente un 21%, además de que regular competencia (o intentar, porque en realidad no se da), en un mercado cuyas redes troncales son monopolios naturales, es difícil y oneroso. La misma Aresep manifestó que solo para prepararse para la apertura, requeriría de $3.6 millones (La Prensa Libre del 22/12/2006).

Además crea la LGT un modelo de desarrollo diametralmente opuesto al concebido en los artículos 50 y 74 de nuestra Constitución Política, al prohibir expresamente los subsidios cruzados, según el artículo 54, inciso c), y eliminar el concepto de “servicio público”, tal y como lo define hoy la Ley No. 6227, para cambiarlo por el de “servicio disponible al público”, artículo 6, inciso 24, lo cual equivale a reducirlo a una simple “mercancía”, que podría adquirir quien pueda pagar por ella.

Igualmente inconstitucional resulta el hecho de que en vez de otorgar concesiones para “servicios”, tal y como se consigna en el artículo 121, 14, c) de nuestra Constitución, y como es la tendencia en países desarrollados, se concesionan “redes”, artículo 11, por lo que en realidad se estaría otorgando una especie de “cheque en blanco” para que se puedan pasar por esas redes cualquier tipo de servicios, incluyendo los que ha futuro pueden surgir.

A pesar de que se crea un Fondeo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), se crea del ingreso de los operadores, entre un 1.5% y un 3%, artículo 39, en vez del 9% que el ICE hoy invierte en subsidios a las tarifas básicas, desmejorando la solidaridad en un 600%. Ese fondo será solo para construir obras en lugares alejados, no para subsidiar las tarifas básicas, como lo hace el ICE actualmente, por eso es que desaparece el modelo solidario actual. Así, las tarifas a los costarricenses se verán posiblemente cuadruplicadas, por el rebalanceo: aumento de las tarifas básicas, que perjudicaría al costarricense de menos recursos y reducción de las tarifas internacionales por ejemplo, que beneficiaría a los empresarios. Tal rebalanceo es necesario dado que las empresas privadas no podrían operar con subsidios, ni aun al costo, como sí lo hace el ICE. Pero la gran ironía es que mientras eso pasa, el ICE en cambio debe alquilar su infraestructura “al costo” a las nuevas empresas privadas y transnacionales, según el artículo 61, lo cual equivaldría –insisto-, a poner de cabeza nuestro Modelo Solidario, subsidiando las tarifas a las grandes empresas extranjeras y transnacionales, a cambio de cuadruplicarlas a los costarricenses.

Por otra parte el ICE, aunque quisiera, no podría mantener bajas las tarifas básicas en los servicios en competencia, (Celular, Internet), pues inmediatamente lo demandarían por “competencia desleal”, delito tipificado en el artículo 17 de la Ley 7472, del 19/01/1995. Finalmente, mantiene la Ley los privilegios a los concesionarios de los servicios de Radiodifusión y Televisión, artículo 29, al mantener vigente la Ley de Radio, No. 1758, que data de 1954, favoreciendo las concentraciones que mantienen esos medios y las tarifas ridículas que hoy pagan, fijadas desde aquel entonces. Esto explica por qué han estado esos medios apoyando estos proyectos desde el principio.

Que Dios les perdone

Esta humilde carta pública dirigida a los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, de un ciudadano costarricense común y silvestre, de un País donde la impunidad ha sido siempre garante del resultado de procesos normales dentro la política electoral de los últimos veinte años de mi tiquicia, que a raíz del movimiento revolucionario comandado por don José Figueres Ferrer, que si estuviera vivo, no me cabe la menor duda que muchas cabezas rodarán, buscando decencia en la función pública y exigiendo primero el retorno a la socialdemocracia que dieron vida aquel recordado Partido Liberación Nacional, cuyos ideales siempre fueron entre otros, que los servicios públicos estén en manos del Estado, para que la justicia social sea la antorcha que guíe la repartición justa de las riquezas de mi patria y no de transnacionales que con mucho cariño vienen repartiendo comisiones como bien nos lo recuerdan algunos ex presidentes de cuya memoria no quiero acordarme, y sus ganancias desde luego irán a bancos de los países ya conocidos como Suiza, Panamá, etc., y que para peor de males, la lucha de grupos cívicos comunales o patrióticos hacia la democratización de los bienes estatales, los han querido desprestigiar con la etiqueta de ¨_Extrema Izquierda_¨ cuando a estos enemigos de las raíces costarricense, se les olvida que la ubre de la cuál ser alimentan, es fruto de estas sanas raíces que se apropiaron y que luchan por despedazar con un dizque tratado de libre comercio, cuyas consecuencias para los intereses populares, serán de alcances inimaginables en perjuicio de la gran mayoría de las y los hijos de mi País.

Dentro del proceso del referéndum, organizado por ustedes, para la aprobación o rechazo de esta propuesta, una de las grandes equivocaciones de estos pseudo políticos de la actualidad, utilizando un tal MEMORANDUM, donde la amenaza y miedo si apoyaban el NO, se aplicó a vista y paciencia entre otras cosas por ustedes; desconozco si hubo agradecimientos a sus nombramientos como magistrados, y que ustedes, al entonces vicepresidente de la República Kevin Casas, lo han declarado inocente; el diputado Fernando Sánchez, persona sin vergüenza no me interesa, pero esta decisión de ustedes si es lamentable; les importó poco o nada las amenazas y temores a trabajadoras y trabajadores humildes de fábricas y empresas, que si votaban por el NO, perderían sus únicos ingresos para poder sobrevivir… que vergüenza señores si es que puedo calificarlos así, no sé si dentro del plano político existen deudas por parte de ustedes, pero para la parte pensante de la ciudadanía y la historia… SI QUEDAN EN DEUDA; QUE DIOS LES PERDONE, porque la historia, estoy seguro, algún día se los va cobrar.

Prof.Tony Garcìa Pérez
Productor radial y Productor pensionado

Ex Ministro de Comercio Exterior confirma que no se necesita prorroga

Diario Extra miércoles 30 enero, 2008
“NO HACE FALTA QUE COSTA RICA PIDA UNA PRÓRROGA”
MARCELINO RIVERA SALAZAR
mrivera@ diarioextra.com

Fue el hombre que estuvo al frente del Ministerio de Comercio Exterior durante el pasado gobierno de Abel Pacheco. Conoce a detalle cada línea del texto del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana.

Por eso habla con propiedad sobre la posibilidad de pedir una prórroga para aprobar la agenda de implementación del TLC y desnuda que el gobierno ha “_confundido_” los plazos.

El ex ministro Manuel González manifestó ayer que Costa Rica no está en la necesidad de pedir una prórroga al resto de países que forman parte del TLC porque afirma que no existen plazos inmediatos para la aprobación de las 12 leyes de la agenda de implementación.

Se ha mencionado que esa agenda debería estar aprobada por el Poder Legislativo antes del 1º de marzo de 2008, fecha en la que se cumplen dos años desde que el TLC empezó a ser aplicado entre Estados Unidos y El Salvador.

Sin embargo González desmintió que esos dos años de plazo sean para pasar la agenda de implementación sino que eran para aprobar el TLC en cada uno de los países.

“_Antes del 1º de marzo lo que hay que hacer es notificar al depositario de este tratado, que en este caso es la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, que Costa Rica aprobó el TLC en el referendo del pasado 7 de octubre_”, declaró González ayer a DIARIO EXTRA.

Se amparó en el artículo 22 del Tratado, el cual señala que durante un plazo máximo de dos años desde que se pusiera en vigencia el acuerdo en algunos de los países las otras naciones firmantes deberían aprobarlo.
“_Costa Rica no debe pedir una prórroga a ninguno de los países. El paso que debe hacer a más tardar el 29 de febrero es informar formalmente a la OEA que ya se aprobó el TLC. Eso es muy distinto a ponerlo en vigencia_”, explicó.

Agregó que cada país tiene una agenda complementaria distinta frente a Estados Unidos, pues se ajusta a la oferta de apertura de cada país respecto a los requisitos de los norteamericanos. Por ejemplo, solo Costa Rica abriría el mercado de seguros y telecomunicaciones.

“_Lo que hay que dejar claro es que la agenda de implementación es un requisito para la vigencia del TLC, si no, Estados Unidos no lo va a aplicar. Sin la agenda complementaria seguiríamos siendo novios pero no nos casaríamos_”, concluyó.

Radio Eco martes 29 de enero, 2008
Entrevista con el periodista Ricardo Zamora

Periodista Ricardo Zamora: “…se ha dado en nuestro país una discusión sobre lo que contiene y no contiene el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en cuanto a los compromisos que nuestro país asumió. Por eso queremos conversar esta mañana con Don Manuel González, quien fuera Ministro de Comercio Exterior en la Administració n anterior y lo tenemos en la línea telefónica: ¡Muy buenos días y gracias por estar con nosotros!”

Manuel González: ¡Muy buenos días Don Ricardo!, es un placer saludarlo.

Periodista Ricardo Zamora: “¡Igualmente!. Eh, Don Manuel, ¿Costa Rica está comprometido a tener la Agenda de implementació n aprobada al final del mes de febrero?

Manuel González: “Disculpe Don Ricardo pero no le estoy escuchando”

Periodista Ricardo Zamora: “A ver si ahora nos escucha…”

Manuel González: “Lo oigo mejor, sí señor”.

Periodista Ricardo Zamora: “¿Costa Rica está comprometida a tener aprobada la Agenda de Implementació n del Tratado de Libre Comercio antes de que termine el mes de febrero?”

Manuel González: “Yo creo Don Ricardo que sobre este tema hay que hacer una distinción, o por lo menos tener una distinción con bastante claridad. Un tema es la ratificación del Tratado de Libre Comercio, que en caso de Costa Rica ocurrió con el Referendum del 07 de octubre del año pasado y otra cosa es la puesta en vigencia de este tratado, especialmente con nuestro socio comercial más importante, nuestra contraparte más importante en este tratado, que son los Estados Unidos de América. El tratado en este momento, el tratado que aprobó Costa Rica, indica en sus capítulos finales, específicamente en el 22, que durante el plazo de dos años luego de haber entrado en vigencia, con respecto a las otras partes, esto ocurrió a partir del 1º de marzo de 2006 fecha en que inició la vigencia entre Estados Unidos y El Salvador, indica que en ese plazo de dos años los demás signatarios deberán notificar al depositario de este tratado, que es en este caso la OEA en Washington, que en ese plazo han ratificado o aprobado el tratado según su legislación interna.

Esa es la redacción que tiene en este momento el tratado que aprobó Costa Rica. En consecuencia, Costa Rica está en facultad para decirle a la OEA: Señores, según esta cláusula yo ya cumplí con la aprobación y les comunico de esta circunstancia. Muy distinto va a ser el hecho de ponerlo en vigencia con los Estados Unidos, y ¿porqué le quiero hacer esta distinción?, porque hasta tanto no se haya aprobado todas las condiciones que fueron negociadas entre Costa Rica y los Estados Unidos, entiéndase la Agenda de Implementació n y otra serie de decretos que no tienen que ir a la Asamblea Legislativa pero que son potestad del Poder Ejecutivo, hasta tanto eso no se haya aprobado y no se le demuestre a los Estados Unidos que se ha aprobado en línea con las disposiciones del Tratado, los Estados Unidos no lo van a poner en vigencia en relación con nuestro país. ¿Por qué razón?, porque según la legislación interna de los Estados Unidos, y eso además está recalcado así también en la ley que aprobó el tratado en el Congreso de los Estados Unidos, indica que el representante comercial que se llama el USTR tiene que verificar, tiene que certificar que esas condiciones se han cumplido y hacerle una recomendación al Presidente de los Estados Unidos, para que él a través de una proclama ponga en vigencia el tratado con cualquier país. Esto no aplica solamente a Costa Rica, aplica a cualquier país del mundo con el que los Estados Unidos tenga un tratado de esta naturaleza.

Este procedimiento que yo le estoy explicando, operó en absolutamente todos los demás países que forman parte del llamado CAFTA. Usted lo ve en El Salvador, Honduras, con todos fue el mismo procedimiento. Quiere decir esto que después de la aprobación, efectivamente hay un proceso de verificación de condiciones que algunos llaman, y yo lo he llamado también certificación, que es requisito indispensable para que el tratado entre en vigencia, no para que el tratado sea aprobado, y esa es la distinción conceptual que hay que tener. Le pongo un ejemplo muy concreto, el caso de El Salvador y los Estados Unidos. El caso de El Salvador, lo aprobó por parte de su congreso en diciembre del año 2004, fue el primero de las siete partes del CAFTA que lo aprobó; sin embargo no podía entrar en vigencia porque Estados Unidos no lo había puesto en vigencia. Estados Unidos lo aprobó hasta julio del 2005. Entonces pregúntese usted don Ricardo, si esto que yo le estoy diciendo no es cierto, ¿porque razón desde julio de 2005 hasta marzo del 2006 fue que se puso en vigencia? ¿qué pasó en todos esos meses?, bueno, pasó exactamente lo que yo le estoy explicando. Un proceso de verificación de condiciones, de que El Salvador frente a los Estados Unidos, había cumplido con todas las condiciones a las que se había comprometido, llámese si usted quiere agenda de implementació n para el caso de El Salvador, porque la agenda de implementació n no necesariamente es la misma para todos los países. Recuerde que por ejemplo Costa Rica es el único que asumió un compromiso de romper el monopolio en materia de seguros y en materia de telecomunicaciones. Ese proceso de verificación de condiciones, en promedio, puede demorar entre seis y nueve meses. Entonces no tendría sentido que si esa es la realidad, que dura entre seis y nueve meses, el tratado vaya a exigir que la vigencia del tratado tenga necesariamente que darse en ese plazo de dos años, cuando es un tema, el tema de la verificación, que está absolutamente fuera de control de los países, en este caso Costa Rica, que comunican su aprobación. Insisto, la comunicación a la OEA no es para efecto de ponerlo en vigencia. Estados Unidos le va a decir: Si, usted se lo comunicó a la OEA, muchas gracias, pero yo no se lo pongo en vigencia hasta que yo no esté satisfecho, con que usted, Costa Rica, ha cumplido con esos requisitos. Pero lo que es necesario, con el término de los dos años es la comunicación, la notificación, esa es la palabra que usa expresamente el tratado, la notificación al depositario, a la OEA, de que lo hemos aprobado. No de que lo estamos poniendo en vigencia, esa es la distinción clave en este asunto, Don Ricardo”.

Periodista Ricardo Zamora: “Para retomar, Don Manuel, entonces…Costa Rica, si le comprendo bien, Costa Rica ya cumplió con el plazo que tenía que cumplir. La fecha límite del 29 de febrero era para aprobar el Tratado de Libre Comercio y no para ponerlo en vigencia, ¿así es?”.

Manuel González: “Es correcto. Esa es la interpretació n rigurosa de lo que dice el tratado en este momento. Ahora, lo que le aclaro de lo que usted acaba de mencionar don Ricardo es que todavía Costa Rica, hasta donde yo conozco, Costa Rica no le ha dicho a la OEA: Señores, yo ya lo aprobé, le notifico que ya lo aprobé. Ese paso es una nota que …”

Periodista Ricardo Zamora: “¿A quién le corresponde, al Ejecutivo o le corresponde al Legislativo hacerlo?

Manuel González: “No señor, en este caso le corresponde al Ejecutivo. Recuerde que el Ejecutivo es el que negoció, el que negocia los tratados comerciales. Entonces lo que tiene que decirle es: según la legislación interna, a través de un referendum el 07 de octubre, Costa Rica ya lo aprobó. Aprobó lo que firmó, ¿qué fue lo que firmó?, el tratado de agosto de 2004. Eso fue lo que Costa Rica aprobó ”

Periodista Ricardo Zamora:
“Ahora, luego de que el Ejecutivo notifica, ¿no existen plazos para el proceso de discusión de esta agenda de implementación?”.

Manuel González: “Pues sí existen porque recuerde que, pero plazos que ya definitivamente no se han cumplido, recuerde que por ejemplo en materia de telecomunicaciones y en materia de seguros, siendo los temas más espinosos, había todo un calendario de fechas donde decía que el seguro tal se iba a liberar a más tardar a tal fecha, que los seguros obligatorios y fijaba fechas del 2008, del 2011 y que tenían que ser aprobadas esas modificaciones a la industria de seguros en cierta fecha. Pero eso no se ha cumplido. Eso no se ha cumplido desde hace mucho tiempo, eso no tiene relación con el famoso tema de los dos años. Lo importante es distinguir entre la aplicación o la sanción digámoslo así, que da el tratado por no hacer esa comunicación dentro del plazo de dos años y el tema de si se cumplen o no las demás condiciones. Le pongo otro ejemplo, don Ricardo, el caso de Marruecos por ejemplo, Estados Unidos y el Reino de Marruecos firmaron un tratado y lo aprobaron según su legislación interna, pasaron casi tres años para ponerlo en vigencia”.

Periodista Ricardo Zamora:
_ “Ahora, la prórroga, ante lo que usted nos explica pareciera que el país no requiere solicitar una prórroga para continuar el proceso natural de discusión de estas leyes en la Asamblea Legislativa?”_

Manuel González:
_ “Es correcto, Costa Rica en términos de lo que dice el tratado en este momento no requeriría de ir a negociar ninguna prórroga, ni con Nicaragua, ni con el resto de países centroamericanos ni con los Estados Unidos. Simplemente lo que le tiene que decir a la OEA es: Señores, yo ya cumplí. Este no es un tema de que si yo estoy a favor de la agenda de implementació n o no, yo estoy totalmente a favor de que se cumplan las condiciones que Costa Rica se comprometió y negoció, es simplemente una cuestión de aplicación estricta de lo que dice el tratado. Caso muy diferente, don Ricardo, sería si Costa Rica hubiera aprobado una enmienda que se hizo al tratado en abril del año 2006, enmienda que fue firmada por El Salvador y los Estados Unidos. Si usted lee rigurosamente esa enmienda, ahí sí se puede interpretar, ahí sí se podría interpretar, que el plazo de los dos años no es solamente para ratificar o aprobar según la legislación interna el tratado, sino para ponerlo en vigencia. Ahí sí, pero Costa Rica no es parte de esa enmienda”._

Periodista Ricardo Zamora: “¿Eso no le da potestad a los Estados Unidos, entonces, de rechazar el Tratado de Libre Comercio aprobado por Costa Rica y esperar el cumplimiento de la Agenda de Implementació n?”

Manuel González:
_ “No señor, porque esa enmienda no es aplicable a Costa Rica…”_

Periodista Ricardo Zamora: “¿No es vinculante a nuestro país?”

Manuel González: “No señor, ni la firmamos, ni la aprobamos en el referendum del 07 de octubre. Lo que Costa Rica aprobó fue el texto original que habla simplemente de que en el plazo de dos años, tiene que darse una comunicación al depositario, de que se ha cumplido con los procedimientos internos de aprobación”.

Periodista Ricardo Zamora: “Muchísimas gracias a don Manuel González, quién fuera Ministro de Comercio Exterior en la administració n anterior y que también es analista, especialista y esta mañana nos ayudaba a aclarar la interpretació n a estos textos, que según nos explica, la legislación lo que señala en este acuerdo es diferente de aprobar y de poner en vigencia”.

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Cooperativas y seguros: Un caso manifiesto de TLC-plus

Cualquier resto de incertidumbre parecía disiparse, cuando en el pasado XI Congreso Nacional de Cooperativas, don Oscar Arias propuso “una alianza estratégica entre las cooperativas y el gobierno, enfocada en tres ejes principales: infocomunicaciones, seguros y salud.”

Esto era de esperar de un gobierno liberacionista. Lo que pocos esperaban es el último acontecer en relación con COOPESA R.L., las cooperativas de salud y los obstáculos a la participación de cooperativas en telecomunicaciones y seguros. Se trata de acontecimientos que evidencian un viraje, que podría avizorar nubarrones negros en la relación armónica que se auguraba con el cooperativismo.

Cualquier persona jurídica en seguros. El TLC, elevado por algunos a la categoría de Sancta Sanctorum, podría correr el destino ingrato de otros libros sacros, que se aplican de acuerdo con la dirección de los vientos, las conveniencias coyunturales o el ánimo de sus devotos.

Porque el TLC lo dice con toda claridad y sin espacio para interpretaciones: “Para efectos de este compromiso Costa Rica deberá permitir a los proveedores de servicios de seguros establecerse a través de cualquier forma jurídica según se establece en el Artículo 12.4 (b).”

Este artículo, por su parte, señala la imposibilidad de adoptar medidas que_ “restrinjan o prescriban los tipos específicos de persona jurídica o de empresa conjunta por medio de los cuales una institución financiera pueda suministrar su servicio.”_

Esto que vale para el comercio transfronterizo, se impone en la perspectiva del trato nacional también para los autóctonos: lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, diría nuestro pueblo.

No obstante, fueron muchas las mociones rechazadas por el G-38 en la Comisión de Económicos de la Asamblea Legislativa, bajo la lógica de que la única modalidad empresarial aceptada en ese mercado sería la sociedad anónima. De esta manera, a contrapelo con el TLC, la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio, las cooperativas y otras organizaciones, de querer participar en el mercado de seguros, deben establecer primero sus sociedades anónimas.

Luego de arduas transacciones se aceptó la participación cooperativa, pero sólo para contratar seguros con sus asociados. Como si las actividades con terceros no fueran un lugar común en el ámbito cooperativo, caso de las gasolineras, los supermercados o las cooperativas de leche, para citar casos harto conocidos. La razón es muy simple: hay actividades que por su propia naturaleza obligan a un mercado más amplio, pues de lo contrario se pondría en entredicho la sostenibilidad de los proyectos empresariales. La Ley de Cooperativas contempla esta situación.

No pagan renta. Hay quienes argumentan que las cooperativas no pagan impuesto de la renta, por lo que se crearía un problema en la perspectiva del trato nacional respecto de otras empresas aseguradoras. Omiten que estas empresas, por su particular naturaleza y sus mecanismos específicos para distribuir riqueza, destinan un 25% de sus excedentes a cargas parafiscales establecidas por ley y convertidas en reservas intransferibles. Retienen, además, un 5% de los excedentes que se distribuyen a sus asociados que luego trasladan al fisco. Por su parte, los ingresos por actividades con terceros pasan a engrosar la Reserva de Educación.

Para algunos, más allá de estos diferendos, estaríamos ante importantes definiciones en el contexto de las fuerzas hegemónicas, de cara al papel que debería jugar la economía social en un mercado globalizado.

Ahora que escasean los socialdemócratas, hay que reiterar que incluso en las tiendas del liberalismo costarricense, las cooperativas han ocupado un sitio inconfundible para activar la economía y distribuir riqueza. Es una tradición que viene desde que don Julio Acosta, se propuso solucionar con cooperativas el problema habitacional de la Costa Rica de principios del siglo XX, pues ya entonces, el cooperativismo se vislumbraba como herramienta nacional de desarrollo.

Por lo demás, un conocido precepto liberal nos diría que nada debería frenar a un agente económico, independientemente de su persona jurídica, para el desarrollo de actividades empresariales lícitas en un mercado abierto. Esto lo entiende cualquier liberal, no así algunos personeros del nuevo liberalismo costarricense.

A quienes insisten en condicionar la incursión de la economía social en el mercado de seguros, una pregunta para finalizar: ¿impedirán también o pondrán condiciones, cuando una empresa cooperativa de seguros de otra Parte pretenda sentar sus reales en el mercado nacional?

Doce razones del Frente Amplio para oponerse a UPOV

1. La UPOV niega los derechos de los agricultores tanto a nivel particular como en su sentido más amplio. A nivel particular, se cercena el derecho a guardar semilla para la siembra e intercambiarla libremente. Donde se ha aplicado ocasiona que pequeños agricultores y campesinos sean obligados a cancelar sumas millonarias a poderosas compañías transnacionales para poder hacer uso de las semillas de sus propias cosechas en cada nuevo cultivo, aún cuando inicialmente ya hubieran pagado por las primeras semillas. Lo anterior es posible, porque las patentes sobre plantas otorgan derechos monopólicos sobre el material vegetativo –incluida su capacidad reproductiva-, que restringen el derecho milenario de quienes cultivan la tierra a reutilizar, sembrar, fitomejorar, intercambiar y vender libremente el producto de su trabajo. Incluso se han presentado casos en países como Canadá y Estados Unidos de agricultores que han sido condenados a pagarle a compañías transnacionales porque en sus parcelas aparecieron rastros de variedades patentadas que no fueron sembradas por ellos, sino que fueron traídas por medios naturales. En sentido amplio, la UPOV no reconoce ni apoya los derechos a la biodiversidad inherentes a las comunidades, ni su derecho a un espacio para la innovación.

2. Las compañías del norte se adueñan de los sistemas nacionales de mejora vegetal en el Sur. En el régimen de la UPOV no hay implícito un código de transferencia de tecnología, a no ser que se quiera llamar así a la realidad pura y dura de que las compañías transnacionales pueden comercializar sus variedades en el Sur amparadas por una normativa hecha a la medida de sus ambiciones globales. Los fitomejoradores nacionales y las casas de semillas locales son compradas por las compañías extranjeras.

3. Las compañías del norte adquieren la biodiversidad del Sur en propiedad, sin obligación alguna de compartir los beneficios. A diferencia del Convenio de Diversidad Biológica (con nada menos que 170 estados miembros) la UPOV no incluye disposición alguna para que los beneficios de la explotación de la biodiversidad del Sur por parte del Norte sean compartidos. Los agricultores del Sur terminan por tener que pagar regalías por su propio material genético, manipulado en el Norte y presentado en un nuevo envoltorio. De esta forma, el Norte obtiene un control comercial completo sobre la biodiversidad y los conocimientos de las comunidades, y sobre los esfuerzos que han contribuído a su existencia.

4. Los criterios de “protección” de obtenciones de la UPOV promueven y favorecen la erosión de la biodiversidad. Esto es tremendamente peligroso, especialmente para los países pobres. La mayor vulnerabilidad de los cultivos suele compensarse a base de más productos químicos o de ingeniería genética, que los agricultores no pueden permitirse. La uniformidad conduce a pérdidas de cosecha y a mayor inseguridad alimentaria.

5. La privatización de los recursos genéticos afecta negativamente a la investigación. Estudios sobre sus repercusiones realizados en EEUU y en otros lugares demuestran una correlación clara entre la aplicación de patentes sobre plantas y sistemas similares como UPOV y una disminución del intercambio de información y de germoplasma. Además, la normativa de la UPOV sobre variedades “esencialmente derivadas” desincentiva a los investigadores, dado que las transnacionales pueden intimidarles con amenazas de acusarles de plagio.

6. Los avances conseguidos para amparar la biodiversidad en sistemas de acceso negociado – como determina el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y la FAO – son socavados por la UPOV. La legislación sobre derechos de obtentor concede propiedad privada sobre recursos regidos por la soberanía nacional y, ciertamente, por la soberanía de las comunidades. El CDB, requiere que se compartan beneficios, mientras que la UPOV no contempla medida alguna en este sentido.

7. UPOV permite la apropiación privada del conocimiento tradicional y las variedades criollas de las comunidades locales indígenas y campesinas. El Convenio y su Ley no contienen medidas eficaces para evitar la biopiratería sobre el conocimiento tradicional y nuestra biodiversidad. Se permite patentar variedades “descubiertas y puestas a punto”. Los conceptos de variedad “nueva” y “distinta” son totalmente ambiguos y dejan grandes portillos para legitimar la apropiación de las variedades locales.

8. La adhesión a la UPOV supone ingresar como parte a un sistema que apoya cada vez más los derechos de los obtentores industriales en detrimento de los agricultores y de las comunidades. Las sucesivas revisiones de la UPOV vienen ampliando los derechos de los obtentores y debilitando los derechos de los agricultores y el interés público. Los países en desarrollo se verán obligados a secundar esta tendencia.

9. El grueso de los beneficios irá a parar al Norte. La UPOV ha sido diseñado para facilitar monopolios a las compañías dedicadas a mejora vegetal. Casi toda la mejora está destinada a los mercados internacionales. A pesar de 35 años de existencia de la Revolución Verde y la UPOV, la inseguridad alimentaria del Sur no ha sido eliminada. La incorporación a un sistema sesgado como la UPOV asegurará una mayor integración del Sur en mercados controlados por el Norte, pero no en beneficio de los que todavía hoy padecen hambre.

10. UPOV no es un requisito para cumplir con los Acuerdo de la OMC (ADPIC). Quienes afirman tal cosa mienten. Este acuerdo da un margen importante de flexibilidad a los países para adoptar sistemas alternativos o sui géneris realmente distintos a las patentes. Además, las obligaciones sobre este tema están en constante revisión en la OMC y pueden ser eliminadas antes de que los países en desarrollo hayan tenido que aplicarla.

11. La ley de UPOV impone sanciones brutales y desproporcionadas contra los agricultores que utilicen las semillas patentadas. Tras de que legaliza el despojo a nuestros agricultores de sus derechos milenarios, obliga al Estado a castigarlos si no aceptan ese despojo. La Ley de Obtenciones impone fuertes multas en dinero a los agricultores que usen las semillas producidas en su finca sin pagar por el permiso de las trasnacionales. Incluso se les puede decomisar los frutos de su producción y prohibirles exportar. Estos castigos se pueden aplicar como medidas cautelares, es decir, antes de que se demuestre en juicio la existencia de una infracción a la Ley. Se llega al extremo de autorizar la destrucción de los productos decomisados, no importa que se trate de alimentos.

12. UPOV nunca fue consultado a las comunidades indígenas de Costa Rica, violando el Convenio 169 de la OIT. UPOV contiene normas que afectan sensiblemente los derechos conferidos por la legislación nacional e internacional a los pueblos indígenas, en particular en relación con el acceso, uso y disfrute de la biodiversidad, las plantas, las semillas y los recursos naturales ubicados en los territorios que habitan y el conocimiento tradicional asociado a los mismos. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Instrumento Internacional de Derechos Humanos, aprobado por Costa Rica mediante la Ley No. 7316, establece que este tipo de proyectos son de consulta obligatoria a las comunidades indígenas. Sin embargo, la Asamblea Legislativa ha ignorado sistemáticamente la gran cantidad de peticiones que estas comunidades han hecho para que respete el Convenio 169 de la OIT.

* Diputado del Frente Amplio

Aprueban moción para darle a las farmacéuticas un año más de duración de sus patentes en Costa Rica

El día miércoles 9 de enero la Comisión Plena Segunda de la Asamblea Legislativa que conoce el proyecto de la agenda implementación del TLC Nº 16.118 que reforma la Ley de Marcas y la Ley de Patentes, introdujo otro cambio que va mucho más allá de los compromisos contenidos en dicho Tratado.

Esta vez se trata de una moción sumamente preocupante que modificó sustancialmente el párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Patentes vigente, que establece el plazo de duración de las patentes en nuestro país (veinte años) y el momento a partir del cual se empieza a computar este plazo.

Dice el texto actual: “*Artículo 17.- Duración de la protección de la patente*. La patente tendrá una vigencia de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en su país de origen.”

El cambio aprobado establece que el plazo de 20 años no empieza a correr a partir del momento en que se presenta la primera solicitud de protección en su país de origen.

Ahora este plazo correrá a partir de que se presente la solicitud en el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, cuando las patentes sean tramitadas con base en el Convenio de Paris o a partir de la presentación de la solicitud internacional cuando el trámite de la patente sea con base en el Tratado de Cooperación en Patentes (PCT por sus siglas en inglés).

Quiero advertir a las y los costarricenses que este cambio puede significar REGALARLE AL MENOS UN AÑO MÁS DE DURACIÓN DE LAS PATENTES A LAS TRASNACIONALES FARMACÉUTICAS. ASÍ COMO SUENA, UN AÑO ADICIONAL GRATIS QUE ESTAS EMPRESAS SE GANARÍAN CON LA APROBACIÓN DE ESTA MOCIÓN. UN AÑO MÁS QUE ALARGARÍA LA DURACIÓN DE LAS PATENTES EN COSTA RICA.

¿Por qué ocurre esto? Porque en ambos casos los cambios que se proponen implican que el plazo de 20 años de duración de las patentes empezaría a correr más tarde.

Tanto la presentación en el Registro de Propiedad Industrial como la presentación de una solicitud internacional con base en el PCT son actos que usualmente ocurren después de las presentación de la solicitud de patente en su país de origen. Por lo tanto el plazo de 20 años empezaría a correr más tarde en Costa Rica, alargando la duración de la patente.

Por eso nuestra Ley de Patentes reformada en el 2000 sabiamente estableció que el plazo de 20 años correría a partir de la primera solicitud en el país de origen. Con esto se asegura que dicho plazo corra más rápido.

Por el contrario, el artículo 4.C del Convenio de Paris dice que quienes presenten una solicitud de patente en un país (país de origen) tienen un plazo de hasta doce meses para presentar esa misma solicitud en los demás países. Por eso, con la reforma propuesta se les estaría regalando hasta un año de protección. Hoy en día los 20 años corren a partir de la presentación en el país de origen. Con la moción propuesta los 20 años correrían a partir de la presentación en Costa Rica y esto podría ocurrir DOCE MESES DESPUÉS. Así, gratuitamente, se ganarían un año de protección en Costa Rica.

Por ejemplo, si la primera solicitud de una patente farmacéutica es presentada en su país de origen el 1 de febrero de 2008, nuestra Ley vigente dice que en Costa Rica el plazo de 20 años de la patente se computará a partir de esa fecha. Con la moción aprobada, los 20 años podrían empezar a contarse en Costa Rica a partir del 1 de febrero de 2009, que es la fecha límite que los solicitantes tendrían para presentar la solicitud en el país, manteniendo el derecho de prioridad.

Algo similar ocurre con las solicitudes internacionales presentadas con base en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Es importante destacar que EN NINGUNA PARTE DEL TLC SE LE EXIGE A COSTA RICA VARIAR ESTA NORMA. NO HAY DISPOSICIÓN ALGUNA EN DICHO TRATADO QUE NOS OBLIGUE A MODIFICAR LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL EMPIEZA A REGIR EL PLAZO DE 20 AÑOS DE PROTECCIÓN DE LAS PATENTES. Tampoco en la versión original de este proyecto se pretendía modificarla.

El TLC obliga a ampliar el plazo de las patentes por atrasos en su otorgamiento, pero no hay norma alguna que nos obligue a cambiar la norma vigente sobre el momento a partir del cual se cuentan los 20 años.

Además esta norma no ha sido cuestionada ni impugnada en la OMC, ni en ningún otro foro internacional. No hay ninguna demanda internacional o cuestionamiento planteado contra Costa Rica por la disposición vigente que dice que el plazo de 20 años corre a partir de la presentación de la solicitud en el país de origen.

Es importante reiterar que ni el TLC, ni otros Tratados, nos obligan a modificar lo establecido en el artículo 17 de nuestra Ley de Patentes.

Tampoco el Acuerdo sobre Propiedad Intelectual de la OMC nos obliga a modificar esta norma. Ese Tratado dice que las patentes tendrán una duración de 20 años. Pero en ninguna parte dice que ese plazo debe computarse obligatoriamente a partir de la presentación de la solicitud en Costa Rica o a partir de la presentación de la solicitud internacional con base en el PCT.

El ADPIC le da flexibilidad a los países para definir este tema y por eso la OMC avaló nuestra Ley de patentes, reformada en el 2000, precisamente para cumplir con dicho Tratado. Repito: en esa oportunidad la OMC avaló nuestra Ley de Patentes y nadie cuestionó el artículo 17 vigente.

¿Cuáles son entonces los intereses que están detrás de esta norma? Una vez más forma de descarada y grosera se favorece a las transnacionales farmacéuticas, regalándoles al menos un año de protección.

El pueblo de Costa Rica debe conocer esta lamentable decisión de la “mayoría mecánica”. Debe saber lo que quieren hacer con este proyecto, donde una vez más tratan de meter por la cocina normas que ni siquiera son exigidas por el TLC.

* Diputado del Frente Amplio

El Seguro de Riesgos de Trabajo está en PELIGRO

Lea sobre Riesgos del Trabajo del INS
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COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS ECONÓMICOS

ACTA DE SESIÓN Nº 23

INTERVENCION DEL DIPUTADO RONALD SOLÍS BOLAÑOS:

Gracias, señora Presidenta.

El esquema de solidaridad que caracteriza el seguro de riesgos del trabajo, es sumamente importante pues permite a ciertos sectores menos beneficiados de la sociedad, como los trabajadores del sector agrícola, tener acceso a estos seguros. Además, las actividades productivas más riesgosas son también, en alguna medida, compensadas por las menos riesgosas.

A mí me parece que este tema es fundamental y quiero dar algunos ejemplos de cómo operan los riesgos del trabajo y también los escollos que se van a producir como consecuencia de un posible cambio del sistema vigente, si se diera.

Aquí hay que entender que el sistema que tenemos de riesgos del trabajo opera con dos formas de subsidios: uno proviene de otros seguros que son más rentables y que permiten subsidiar o compensar parcialmente el costo de este seguro. Ese subsidio puede ser, incluso, bajo el mecanismo de compensar los costos administrativos de muchos de los servicios que se pueden compartir.

Pero también hay otro elemento muy interesante que es el de los subsidios dentro del propio sistema. Es decir, los subsidios cruzados de algunas actividades de menos riesgos por otras de más riesgos. Eso permite, en realidad, bajo el modelo actual, tener pólizas más bajas que en otros países.

Por ejemplo, una póliza que cubre a empleados de oficina aún cuando sea un porcentaje menor del salario, posiblemente da ganancias porque las posibilidades de accidentes son muy bajas. Eso permite que en agricultura, en términos generales, ande entre 3 y medio y 4 por ciento del salario, o que en actividades como fumigación aérea sea un 18 o un 19 por ciento, más o menos.

Eso es interesante porque uno se encuentra con seguros similares de constructoras en Estados Unidos que andan por ejemplo, en California en el 36 por ciento del salario. Y yo leía cómo estas empresas se quejan de lo que representan, porque un seguro de este tipo significa que una persona que maneja explosivos, del 100% del salario, de cada cien colones que se le paga, tendría que pagar adicionalmente al empleador un 36 por ciento para riesgos del trabajo.

Sin embargo, en Costa Rica el tope más alto de seguro creo que anda en un 24 por ciento, mientras en Estados Unidos llega cerca del 40 por ciento.

Entonces, ese es un elemento también de cómo este modelo ha servido para subsidiar algunas actividades de más riesgos, pero que son menos rentables. Eso es un elemento de solidaridad que permite que muchos trabajadores, así como muchos patronos pequeños y medianos y de actividades menos rentables puedan tener a sus trabajadores bajo este esquema.

Yo leía el otro día que anda alrededor de ochocientos mil personas de la población económicamente activa asalariada, más de ochocientos mil trabajadores, los que estaban asegurados bajo este régimen, no preciso el dato, mejor no tomarlo en consideración, pero sí era un porcentaje que andaba entre un setenta y un ochenta por ciento; todavía no se ha logrado el cien por ciento. Y eso que hay un esquema de control cruzado entre la Caja y el INS.

Esa es una de las preocupaciones que a mí me asalta, sobre cómo se va a establecer ese control cruzado para evitar la evasión, cuando aparezcan muchas empresas que podrán vender ese seguro. Pienso que va a ser muy difícil. Todavía no veo la fórmula mágica, pero creo que debemos de darle pensamiento.

Mencionaba la preocupación si llegara a implantarse el nuevo esquema aperturista, de cómo lograr que haya un verdadero control cruzado, porque si en la actualidad hay evasión, ¿cómo va a ser en el futuro? Y lo digo como patrono, es decir, uno se cuida y el Seguro lo controla también, uno tiene que emitir copia de lo que presenta en el Seguro y en el INS. Yo no me explico cómo todavía, bajo este control cruzado, hay un porcentaje que quede afuera.

Creo que esa situación podría empeorar y eso iría en perjuicio de los trabajadores y también pondría en cuestionamiento la propia legislación del Código de Trabajo, que establece esa legislación de carácter social y fundamental.

La verdad es que los que hemos sido o somos patronos y hemos utilizado riesgos del trabajo, sentimos que es un servicio excelente que, además, da muchísima tranquilidad no solo al trabajador sino también al patrono. Y eso creo que ayuda a la armonía obrero patronal.

Creo que este tipo de acciones son las que han hecho diferente la historia de Costa Rica y para mí, es también parte de la explicación del por qué los trabajadores no han recurrido como en otros países a la lucha de clases, porque sienten que el Estado ha venido garantizando una serie de servicios y de condiciones laborales. De no ser así, posiblemente estarían en peleas sindicales y de otro tipo, al igual que en los países vecinos. Eso es un aspecto muy interesante porque favorece la paz social y la justicia, como lo contempla el Código de Trabajo.

Entonces, por todo este tipo de cosas, el seguro de Riesgos del Trabajo es muy importante, porque el patrono lo aplica, en la mayoría de los casos por convencimiento. Cuando hay un accidente laboral, no es el pobre peón el que va pelear con el patrono, sino que es algún abogado del Instituto Nacional de Seguros el que va a cobrarle al patrono. Y ahí ya la pelea es diferente.

Esto ha favorecido este esquema de solidaridad y justicia social, que debemos fortalecer y sí se diera una apertura que yo la considero innecesaria y esas son las cosas que yo creo que se negociaron mal en el TLC, creo que Riesgos de Trabajo y el Seguro Obligatorio debieron de haber quedado como monopolio del INS. Pero si la apertura se diera, tenemos que ver la forma de que esa evasión no dé, porque si ya van a proliferar una multiplicidad de actores, el control va a ser más difícil.

¿Quién se va ser responsable del trabajador que el patrono no le tenía ningún seguro?, ¿quién va a ir a reclamar por él si van haber varios operadores? Esas son cosas que hay que analizar.

Conozco el caso de un productor que empleaba a un nicaragüense indocumentado y le pasó un accidente y no lo tenía asegurado. Al final, el Seguro le dijo: “O le paga veinte millones o le da trabajo de por vida.” Bueno, el patrono, que era pequeño, prefirió darle trabajo de por vida aunque le diera un rendimiento menor, porque posiblemente no tenía la plata para pagarle.

Pero ese tipo de situaciones van a quedar en el aire porque: ¿de quién va a ser la responsabilidad?, ¿del que tuvo un accidente? Si hay tantísimos operadores, si hay muchísimos operadores. En la actualidad se sabe que del asunto se encarga del INS y éste asume su rol. Eso el patrono lo sabe, lo respeta y se cuida. Y eso es beneficioso para todos.

Muchas gracias.