En una reunión, la representación de ANEP en el Control de Vectores indicó que, por lo menos, a quienes labora en el Pacífico Central no le estaban llegando los insumos de protección para las arduas labores que realizan en favor de la salud pública.
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Un Primero de Mayo muy especial
A pocas horas de la conmemoración histórica y mundial del PRIMERO DE MAYO, el Día Internacional de la Clase Trabajadora, como militantes sindicales honraremos las figuras gigantes que protagonizaron la gesta de la lucha obrera más relevante jamás dada: la Jornada de las Ocho Horas. Hablamos de Los Mártires de Chicago cuyos nombres siempre debemos recordar George Engel, Michael Schwab, Luis Lingg, Adolh Fischer, Samuel Fielden, Albert Parsons, Aguste Spies y Oscar Neebe.
Su sacrificio, su legado y su ejemplo mártir animan la práctica cotidiana de ese tipo de sindicalismo que procura ser consecuente, en todo momento, con la filosofía integral de la reivindicación obrera plena según los principios que la sustentan.
Estamos catalogando la conmemoración histórica del Primero de Mayo en lo que respecta al pueblo trabajador costarricense como de muy especial, considerando el entorno económico, político y hasta histórico de nuestro desarrollo como sociedad costarricense en estos momentos.
Consideremos que el concepto de clase trabajadora es hoy día mucho más amplio que el clásico-tradicional: la persona asalariada con empleo formal y salario fijo, tanto en el sector público como el privado. Está la persona trabajadora independiente, la que está sin empleo, la que está en el subempleo, también son clase trabajadora. Sin duda, también, las personas trabajadoras ya jubiladas-pensionadas que, en su abrumadora mayoría, dependen de la Seguridad Social para su propia salud. Igualmente, podemos considerar clase trabajadora a quienes realizan actividad micro-pequeña y mediana empresarial que destinan su producción para el mercado interno y hasta para exportación.
Todos estos segmentos de clase trabajadora, de una mera u otra, están bajo grandes amenazas contra su propio bienestar y el de sus respectivas familias. La flexibilidad laboral, la precariedad y el congelamiento salarial con su inherente deterioro del poder de compra del salario, el ataque del capital a la jornada histórica de las 8 horas, el teletrabajo sobreexplotador, la inteligencia artificial, los cambios demográficos y climáticos, la crisis fiscal y de los sistemas de salud y de seguridad social, así como jubilatorios; constituyen amenazas sumamente potentes que conspiran todos los días contra el bienestar obrero.
Todas estas manifestaciones adversas las sufren las personas trabajadoras costarricenses y migrantes en la Costa Rica del 2025.
Como si todo ello no bastase, la clase gobernante, la que ejerce la operatividad política cotidiana en la institucionalidad vigente, vive un conflicto de poder entre sus actores viejos y nuevos. Sin embargo, el mismo no pone en riesgo el modelo económico dominante basado en el ya desacredito dogma neoliberal, por una parte; y por la otra, la élite plutocrática del real poder en la sociedad no está sufriendo riesgo alguno por culpa del indicado conflicto de poder.
Lo que sí está sumamente claro es que tal conflicto de poder por el ejercicio cotidiano de la operatividad ejecutiva de la cosa pública presenta dos altísimos riesgos, que harán más difícil el diario vivir de todos los segmentos componentes de la clase trabajadora.
El riesgo que representa un ataque artero y estructural contra la serie de valores y de principios consagrados en lo que en Costa Rica conocemos como las Garantías Sociales y los que integran el todo único de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949; y el riesgo de que el autoritarismo de corte fascista que se está manifestando en estos momentos se termine imponiendo, totalmente, en nuestra sociedad con la tesis político-ideológica de las 40 diputaciones.
La clase política vieja luce gastada, por decir lo menos, para enfrentar el desafío fascistoide en desarrollo. Haber abandonado postulados de integración social como los de corte socialdemócrata y los de carácter socialcristiano que impregnan la Carta Magna de 1949, lo está pagando muy caro.
Los sectores sindicales, sociales y populares también estamos pagando un precio muy alto: no haber comprendido, en su real dimensión, qué se estaba jugando con la traición del gobierno de Carlos Alvarado Quesada y su paquetazo fiscal del 2018, contando él para ello con los partidos arquitectos del orden social derivado de la Constitución Política de 1949, particularmente Liberación Nacional. La hegemonía plutocrática del real poder se impuso en esa ocasión y casi nos da una derrota estratégica al ciento por ciento.
Sin entrar a hablar del horizonte electoral de cercanía, a fin no de echarle más sal a la herida, es dable soñar que podemos reconstruirnos como sectores populares destinados a ser sujetos históricos; especialmente, si podemos considerar que la principalísima tarea histórica del momento es derrotar la tesis facistoide de las 40 diputaciones, teniendo presente, eso sí, que la institucionalidad de la Carta Magna del 49 que fue pervertida porque la corrompieron, debe ser saneada.
Finalmente, como lo apuntó la jerarquía eclesiástica católica de nuestro país acerca de que el actual modelo de organización económica está, prácticamente fracasado, este Primero de Mayo de 2025 dejemos constando, contundentemente, que el sindicalismo sí tiene propuesta para que tengamos otro modelo de organización económica centrado en el bien común, en la inclusión social y económica, en contra de la corrupta y abusiva concentración de la riqueza; y con la inspiración que nos da ese gigante de la Humanidad: el papa Francisco.
Llamado urgente: alerta ante el retroceso de los Derechos Laborales en Costa Rica
Las organizaciones firmantes, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES), y el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), expresamos nuestra profunda preocupación ante el alarmante retroceso en los derechos laborales que se está produciendo en nuestro país y las condiciones injustas y regresivas de trabajo que continúan presentes.
Las organizaciones de personas trabajadoras que firmamos este pronunciamiento, desde nuestras particularidades: trabajo remunerado del hogar, plantaciones agricolas, seguridad privada, conductores y conductoras de autobuses, compartimos una preocupación común: la violación constante de algunos derechos laborales fundamentales a las personas trabajadoras en Costa Rica, ya que observamos con alarma la proliferación de prácticas que vulneran los principios más básicos de la justicia social y el trabajo digno, según se comenta a continuación:
● Salarios indignos y pagos irregulares: Muchos trabajadores y trabajadoras obtienen remuneraciones insuficientes que no les permiten cubrir sus necesidades básicas, así como retrasos y arbitrariedades en el pago de sus salarios. Las trabajadoras remuneradas del hogar siguen siendo las personas peor pagadas del país, donde no se alcanza ni siquiera el salario mínimo establecido según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En el caso del trabajador(a) agrícola también laboran por un tipo salarial mínimo, y su ajuste salarial períodico se da por costo de vida, sin embargo, los entes institucionales encargados no cuentan con información sobre el origen de la base salarial que se debe ajustar anualmente, lo que significa que no existe un estudio que garantice si ese salario cubre las necesidades básicas de vida digna.
● Incumplimiento en el pago de las horas extra. Grupos de personas trabajadoras vulnerables como las trabajadoras remunerada del hogar o los trabajadores y las trabajadoras de las plantaciones agrícolas no reciben pagos por sus jornadas extraordinarias; y, en las pocos casos en que los reciben, muchas veces son víctimas de retrasos injustificados y/o reciben montos inferiores que no se ajustan a la legislación del país. También se crean modalidades de pago (destajo) que producen el no pago justo, y donde se premia el esfuerzo físico, generando a su vez un inhumano desgaste físico, aprovechándose de las necesidades de las personas. Sobra decir que estos esfuerzos excesivos generan enfermedades y aumentan los riesgos laborales.
● Jornadas laborales extenuantes: La imposición de horarios laborales excesivos que superan los límites legales y afectan la salud y el bienestar de las y los trabajadores, se ha convertido en una práctica cada vez más frecuente. Sobra decir que negarse a cumplir con esas jornadas excesivas se convierte, solapadamente, en un justificante para próximos despidos.
● Condiciones laborales insalubres y peligrosas: Numerosos centros de trabajo presentan condiciones que ponen en riesgo la seguridad y la salud de las trabajadoras y los trabajadores, debido a la falta de medidas de protección adecuadas y al incumplimiento de las normativas de higiene y seguridad ocupacional; como por ejemplo, la utilización de agroquímicos en los trabajos de plantaciones agrícolas que se sabe son perjudiciales para la salud, además, las y los trabajadores sufren de la constante exposición al sol sin los materiales adecuados para ello (protectores solares, mangas y sombreros protectores de la luz solar en la epidermis, entre otros).
● Restricciones al derecho de huelga: Además, las recientes prohibiciones legislativas a la huelga establecidas en la nefasta Ley 9808 (denominada irónicamente Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos), representan un grave atentado contra uno de los derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores, limitando su capacidad para defender sus intereses y reivindicaciones; y donde la ley laboral vigente del país, establece que el salario de la persona trabajadora debe retenerse en el momento que este va a huelga, y sólo le es devuelto si se cumple con una serie de exigencias del Estado para la realización de huelgas.
● Procedimientos ineficientes para garantizar la atención médica en los accidentes laborales. Si bien existe en el país un procedimiento, supuestamente obligatorio, para la atención de los accidentes laborales por parte de los patronos y del Estado; en la práctica no se brinda de forma eficiente, por cuanto los patronos no denuncian el accidente y no utilizan los seguros obligatorios en beneficio de sus trabajadores y trabajadoras, para evitar aumentos posteriores del costo de las pólizas. De esta forma, muchas personas trabajadoras no son atendidas, o no lo son de forma oportuna, ante accidentes laborales.
● Necesidad urgente de mejorar el servicio de Inspección Laboral que brinda el Estado. Se ha determinado una serie de fallas en el sistema indicado, iniciando por una insuficiente cantidad de personas inspectoras laborales en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; así como “malas prácticas” en el momento en que se realizan las inspecciones (entrevistas privadas sólo con la parte patronal, invisibilización de “partes” importantes del proceso como los sindicatos, informes parcializados, falta de procesos de transparencia en la presentación de resultados de los informes de las inspecciones, entre otros).
● Persistencia de restricciones y represión sindical. Si bien existe legislación clara sobre la libertad sindical en el país, existen también algunas “malas prácticas” solapadas para generar restricciones al trabajo de dirigencia sindical. Iniciando por el “mal ambiente” que se genera a las personas sindicalizadas y sus dirigentes, y continuando con la ineficacia de los órganos contralores de estas situaciones, para en algunas ocasiones resolverlos de forma efectiva.
Estas situaciones no solo perjudican a las trabajadoras y a los trabajadores y a sus familias, sino que también socava el desarrollo económico y social de nuestro país, al generar desigualdad, pobreza y exclusión.
Ante esta grave situación, exigimos a las autoridades nacionales e internacionales, en particular al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Consejo de Salarios de este Ministerio, y a la Sala Constitucional del Poder Judicial, que adopten medidas urgentes para garantizar el pleno cumplimiento de los derechos laborales establecidos en nuestra Constitución, en las leyes laborales, y en los tratados internacionales de derechos humanos que el país ha asumido libremente.
De esta forma hacemos un llamado vehemente a:
● El respeto irrestricto al derecho de huelga como herramienta fundamental para la defensa de los derechos laborales.
● La implementación de políticas públicas que promuevan el trabajo decente, la igualdad salarial y la seguridad laboral y ocupacional.
● El fortalecimiento de la inspección laboral y la sanción efectiva de las empresas que vulneren los derechos de las y los trabajadores.
● El cumplimiento de los tratados internacionales de los que Costa Rica forma parte, y que establecen de forma categórica el respeto por los derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras. Estimamos que este cumplimiento es obligatorio ya que al firmarlos libremente, asumimos la responsabilidad de hacerlos cumplir a cabalidad.
Comprometidos con la defensa y promoción de los derechos laborales, ANEP, SITRAP, ASTRADOMES e IIRESODH se complacen en anunciar las siguientes acciones futuras:
1. Foro Internacional sobre Derechos Laborales en Latinoamérica:
Con el objetivo de analizar a profundidad la situación de los derechos laborales en la región, en el próximo mes de mayo de 2025 se llevará a cabo un foro internacional de alto nivel. Este evento reunirá a personas destacadas, expertas, académicas, dirigentes sindicales y representantes de organizaciones internacionales, para exponer y debatir sobre las diversas circunstancias que afectan a los trabajadores y trabajadoras en Latinoamérica.
Objetivos Específicos del Foro:
-Identificar las principales tendencias y desafíos en materia de derechos laborales en la región.
-Promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los diferentes actores.
-Generar propuestas concretas para fortalecer la protección y promoción de los derechos laborales.
-Fomentar la colaboración y la solidaridad entre las organizaciones y movimientos sociales de la región, que promueven y defienden los derechos laborales de los grupos de personas trabajadoras vulnerables.
2. Creación del Observatorio de los Derechos Laborales en Costa Rica:
Con el fin de velar por la protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras costarricenses y migrantes, en el mes de junio de 2025 se iniciará con la construcción de un observatorio especializado en derechos laborales. El cual tendrá como misión monitorear, analizar y denunciar las violaciones a los derechos laborales y sindicales, así como promover el cumplimiento de la legislación nacional e internacional en la materia.
Objetivos Específicos:
-Recopilar y sistematizar información sobre la situación de las violaciones de los derechos laborales en Costa Rica.
-Realizar investigaciones y estudios sobre temas relevantes para el mundo del trabajo.
-Monitorear el cumplimiento de la legislación laboral y los convenios internacionales sobre el tema.
-Denunciar públicamente las violaciones a los derechos laborales.
-Elaborar informes y recomendaciones para las autoridades nacionales e internacionales, y para la sociedad en general.
-Promover la educación y la sensibilización sobre la necesidad de cumplimiento de los derechos laborales.
No permitiremos que se sigan pisoteando los derechos de las personas trabajadoras. Nos mantendremos vigilantes, activos y activas en la defensa de nuestros derechos y de una sociedad más justa y equitativa.
¡Por la defensa de los derechos laborales y la justicia social!
Atentamente,
Didier Leitón Valverde, Secretario General SITRAP
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Maria del Carmen Martínez Cruz, Presidente Astradomes
Víctor Rodríguez Rescia, Presidente IIRESODH
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¡Hasta pronto don William!
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Este jueves 24 de abril, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), interpuso una querella ante el Tribunal Penal del Ministerio Público, por un delito contra el honor ante declaraciones difamantes y calumniosas realizada por el presidente Rodrigo Chaves Robles, en contra de nuestra organización y toda su afiliación.
