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Seccional de ANEP gana recurso de amparo contra el Colegio De Contadores Privados De Costa Rica por violación a derechos fundamentales de acceso a la información y transparencia

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• Sala Constitucional ordena la publicación de convocatorias, agendas y actas de Junta Directiva en un sitio digital de acceso público.

La Seccional ANEP-Colegio de Contadores Privados de Costa Rica informa con satisfacción a las personas colegiadas y a la opinión pública nacional que la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto por nuestra organización ante la violación de los derechos fundamentales de acceso a la información, publicidad, transparencia, rendición de cuentas y seguridad jurídica.

La acción constitucional fue promovida ante la negativa institucional de garantizar mecanismos permanentes, claros y accesibles para que las personas agremiadas y la ciudadanía pudieran conocer las convocatorias, agendas y actas de las sesiones de la Junta Directiva del Colegio, información de evidente interés público tratándose de una corporación de carácter público. La Sala reconoció que estas omisiones afectan el derecho de fiscalización y control democrático que corresponde ejercer a quienes forman parte del Colegio Profesional.

En su resolución, la Sala Constitucional ordenó a la Presidencia del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica que, en un plazo máximo de un mes, garantice la publicación en un sitio digital de acceso público de las convocatorias a sesiones ordinarias y extraordinarias, las agendas y las actas de la Junta Directiva, resguardando únicamente aquella información que por ley tenga carácter confidencial o contenga datos personales sensibles.

Este fallo constituye un importante precedente en favor de la transparencia institucional y fortalece los principios democráticos que deben regir el funcionamiento de todos los colegios profesionales del país. Asimismo, reafirma que las corporaciones públicas no pueden restringir ni dificultar el acceso a información esencial sobre la toma de decisiones que impactan a sus agremiados.

Desde la Seccional ANEP-Colegio de Contadores Privados de Costa Rica reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las personas colegiadas, la vigilancia de la gestión institucional y la promoción de una cultura de transparencia, participación y rendición de cuentas.

Consideramos que esta resolución representa una victoria para todas las personas colegiadas que durante años han demandado una administración más abierta y accesible, donde la información pública deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho efectivo.

Hacemos un llamado a las autoridades del Colegio para que acaten de manera inmediata y plena lo dispuesto por la Sala Constitucional y aprovechen esta oportunidad para fortalecer la confianza de la membresía mediante prácticas modernas de gobierno abierto y transparencia institucional.

San José, Costa Rica Junio de 2026

Seccional ANEP Colegio de Contadores Privados de Costa Rica

Sala IV anula directriz que pretendía centralizar y controlar la comunicación sindical en el PANI

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–ANEP logra que la Sala Constitucional declare con lugar el recurso de amparo contra la directriz PANI-PE-OF-0680-2026

-• El fallo reafirma que ninguna autoridad administrativa puede imponer controles previos que restrinjan el ejercicio de la actividad sindical

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) celebra la sentencia N.° 2026021146 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dictada dentro del expediente N.° 26-009863-0007-CO, mediante la cual se declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto contra el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y se anuló la directriz contenida en el oficio PANI-PE-OF-0680-2026 emitido por la Presidencia Ejecutiva de esa institución.

La acción de amparo fue presentada tras la emisión del oficio PANI-PE-OF-0680-2026, mediante el cual la Presidencia Ejecutiva del PANI estableció un mecanismo de control previo sobre las respuestas institucionales dirigidas a las organizaciones sindicales. La directriz ordenaba que toda respuesta elaborada por las distintas dependencias institucionales fuera remitida obligatoriamente a la Presidencia Ejecutiva para su revisión, análisis y aprobación antes de ser comunicada oficialmente. Asimismo, disponía que únicamente mediante autorización expresa de ese despacho las dependencias podrían responder de manera directa a las organizaciones sindicales, advirtiendo incluso sobre eventuales responsabilidades administrativas para quienes incumplieran dicha instrucción.

Desde el primer momento, ANEP consideró que dicha disposición constituía una grave restricción al ejercicio de la libertad sindical, pues imponía un mecanismo de control previo sobre la comunicación entre las organizaciones sindicales y las distintas dependencias institucionales, eliminando en la práctica la interlocución directa con las áreas técnicas, administrativas y operativas del PANI. Asimismo, la medida generaba el riesgo de retrasar respuestas, limitar el acceso oportuno a información institucional y crear un efecto inhibidor sobre las personas funcionarias ante el temor de eventuales sanciones administrativas.

Ante esta situación, ANEP acudió a la jurisdicción constitucional solicitando que se declarara la violación de la libertad sindical, del derecho de petición y de los principios de razonabilidad, proporcionalidad, transparencia y buena administración; que se dejara sin efecto la directriz impugnada; que se impidiera la reproducción de prácticas administrativas que limitaran la comunicación directa entre las organizaciones sindicales y las dependencias institucionales; y que se garantizara a las organizaciones sindicales una comunicación directa, oportuna y efectiva para el ejercicio de sus funciones de representación y defensa de los derechos laborales.

La Sala Constitucional acogió los argumentos planteados en el recurso y concluyó que las organizaciones sindicales tienen derecho a comunicarse y gestionar asuntos ante las distintas dependencias institucionales sin estar sujetas a mecanismos de control previo que limiten u obstaculicen el ejercicio de la actividad sindical. La sentencia reafirma que los derechos fundamentales pueden verse afectados no solo por prohibiciones expresas, sino también por mecanismos administrativos que produzcan efectos restrictivos o inhibidores sobre su ejercicio.

Esta resolución constituye un precedente de extraordinaria relevancia para todo el movimiento sindical costarricense, pues fortalece la libertad sindical como derecho humano fundamental y establece límites claros frente a cualquier intento de imponer controles administrativos que restrinjan la comunicación legítima entre las organizaciones sindicales y las instituciones públicas.

La trascendencia de este fallo supera el ámbito del Patronato Nacional de la Infancia. La sentencia fortalece las garantías constitucionales de las organizaciones sindicales en todo el sector público, protege el derecho de petición, promueve la transparencia institucional y reafirma que la defensa de los derechos de las personas trabajadoras debe desarrollarse en un entorno libre de obstáculos administrativos indebidos.

Con esta resolución, la Sala Constitucional envía un mensaje claro: la libertad sindical no admite restricciones indebidas. ANEP continuará ejerciendo su labor de defensa y representación con la firmeza y responsabilidad que demandan las personas trabajadoras y la democracia costarricense.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)

Fallo de la Sala IV

Falo Sala IV PANIDescarga

ANEP exige explicaciones a JASEC por construcción de costoso edificio de más de ₡2 mil millones para oficinas mientras persisten necesidades institucionales

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¿Esto es realmente una necesidad de JASEC  o es un proyectos de lujo administrativo?

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa su profunda preocupación y rechazo ante el destino de más de dos mil millones de colones en la construcción de una nueva sede corporativa para la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC), bajo la modalidad llave en mano (según consta en la página del SICOP), proyecto que hoy genera serias dudas sobre su oportunidad, prioridad y conveniencia para la institución y para la ciudadanía cartaginesa.

Resulta alarmante que, en momentos en que las instituciones públicas enfrentan crecientes exigencias de austeridad, eficiencia y transparencia, se pretenda comprometer una suma multimillonaria de recursos públicos en un complejo administrativo cuyo beneficio real para los usuarios del servicio eléctrico no ha sido demostrado de forma contundente.

Licitación Mayor (LY) | Fuente Sicop

Según la documentación institucional analizada, la principal justificación del proyecto radica en el deterioro de algunas edificaciones existentes y en la necesidad de reorganizar oficinas administrativas. Sin embargo, ANEP considera que la Administración no ha demostrado de manera irrefutable que la construcción de una nueva sede corporativa sea la única alternativa viable ni la opción más eficiente desde el punto de vista financiero.

Más preocupante aún es que la propia documentación reconoce que durante años la institución postergó proyectos de inversión debido a problemas financieros y restricciones presupuestarias. Hoy se pretende impulsar una obra de enorme magnitud económica sin que exista un debate público amplio sobre sus verdaderas prioridades y sin que la ciudadanía conozca con claridad el impacto financiero total que esta decisión tendrá sobre el patrimonio institucional.

ANEP considera legítimo preguntarse:

* ¿Por qué una institución que históricamente ha señalado limitaciones financieras ahora pretende invertir miles de millones de colones en oficinas administrativas?

* ¿Se agotaron realmente todas las alternativas de remodelación, reconstrucción por etapas o aprovechamiento de infraestructura existente?

* ¿Cuál será el costo final real del proyecto una vez incorporados diseño, construcción, supervisión, mobiliario, tecnología, equipamiento, urbanización, parqueos, seguridad y gastos imprevistos? Y cuáles serán los costos anuales de mantenimiento de este nuevo Edificio?

* ¿Cuál será el retorno económico de esta inversión?

* ¿Cuántos años requerirá la institución para recuperar estos recursos?

* ¿Qué otros proyectos institucionales dejarán de ejecutarse o se verán limitados por destinar semejante cantidad de recursos a esta obra?

La preocupación se incrementa al observar que el proyecto no está orientado directamente a fortalecer la distribución eléctrica, mejorar la calidad del servicio, modernizar redes, reducir interrupciones o ampliar la capacidad operativa para atender a los abonados. Por el contrario, se trata de una inversión centrada principalmente en instalaciones administrativas.

Adjudicatario y oferta | Fuente Sicop

La ciudadanía tiene derecho a preguntarse si una nueva sede corporativa constituye realmente una necesidad urgente o si estamos frente a un proyecto que responde más a aspiraciones administrativas que a las verdaderas prioridades institucionales.

Los recursos de JASEC no pertenecen a una administración de turno ni a una Junta Directiva temporal. Son recursos públicos construidos durante décadas gracias al aporte de los usuarios y al trabajo de generaciones de funcionarios. Por ello, cada colón invertido debe responder a criterios de necesidad, razonabilidad, eficiencia y beneficio colectivo.

ANEP advierte que toda decisión que implique comprometer miles de millones de colones debe estar respaldada por estudios independientes, análisis financieros robustos, criterios técnicos verificables y mecanismos de rendición de cuentas que permitan a la ciudadanía conocer si esta inversión es realmente la mejor opción para el futuro de la institución.

La transparencia no puede ser un simple discurso. Cuando se pretende destinar una cifra multimillonaria a infraestructura administrativa, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.

Por ello, ANEP solicita formalmente a la Administración Superior, a la Junta Directiva, a la Auditoría Interna y a los órganos de control correspondientes que se divulguen de forma íntegra los estudios técnicos, financieros, económicos y de riesgo asociados a este proyecto, así como las evaluaciones comparativas de otras alternativas que eventualmente fueron descartadas.

La ciudadanía cartaginesa merece respuestas claras.

JASEC necesita inversiones estratégicas que fortalezcan el servicio público, no proyectos cuya rentabilidad institucional y social continúan generando dudas legítimas.

Los recursos públicos deben administrarse con responsabilidad, prudencia y absoluta transparencia.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)

Retrasos en construcción o mejoras a hospitales se frenan por procesos judiciales de expropiación

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ANEP se reunió con representantes de las Gerencias Médica y de Infraestructura para plantear diversas consultas relacionadas con la mejora y construcción de centros hospitalarios. Durante el encuentro, la institución indicó que ya se están desarrollando los procesos correspondientes; sin embargo, explicó que las expropiaciones han ralentizado el avance de algunos proyectos.




Realidad de Derechos Humanos y Diversidad contradicen a la presidenta Fernández

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Desde la Seccional ANEP- Diversidad expresamos nuestro más firme y categórico rechazo a las recientes declaraciones de la presidenta de la República, Laura Fernández, en las que afirma que Costa Rica ya se encuentra “al día” en materia de derechos de las personas LGBTIQA+ y manifiesta su intención de alejar al país de los espacios internacionales de las Naciones Unidas dedicados a la promoción y protección de los derechos humanos, la igualdad y la diversidad.

Las afirmaciones realizadas por la señora presidenta no solamente desconocen la realidad que enfrentan miles de personas LGBTIQA+ en Costa Rica, sino que constituyen un peligroso discurso de invisibilización de las desigualdades que aún persisten en nuestra sociedad.

Decir que en Costa Rica todas las personas son tratadas por igual y que gozan de los mismos derechos constituye una afirmación falsa que ignora las múltiples brechas existentes entre el reconocimiento formal de algunos derechos y la realidad cotidiana de quienes integran las diversidades sexuales y de género.

Las personas LGBTIQA+ continúan enfrentando discriminación en los centros de trabajo, en los espacios educativos, en los servicios de salud, en el acceso a la vivienda y en múltiples ámbitos de la vida social. Particularmente grave es la situación que enfrentan muchas personas trans y no binarias, quienes siguen encontrando obstáculos para acceder a empleo digno, atención integral de salud, oportunidades económicas y una vida libre de violencia y exclusión.

Costa Rica aún mantiene importantes deudas con la población LGBTIQA+. Nuestro país carece de una legislación integral que sancione de manera específica y efectiva la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. Persisten vacíos en materia de inclusión laboral, protección contra los discursos de odio, recopilación de datos sobre violencia basada en prejuicios y garantía efectiva de derechos para las personas trans e intersexuales.

Mientras otros países han avanzado significativamente en materia de igualdad y reconocimiento de derechos, Costa Rica todavía enfrenta desafíos importantes.

Resulta igualmente preocupante que la Presidencia de la República considere que los derechos humanos, la igualdad y la diversidad son temas secundarios o prescindibles dentro de la agenda internacional del país. Los derechos humanos no constituyen una ideología ni una moda política. Son obligaciones jurídicas asumidas por el Estado costarricense mediante la Constitución Política, los tratados internacionales ratificados por Costa Rica y la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos.

Costa Rica ha sido históricamente reconocida por su liderazgo internacional en la defensa de la democracia, la paz, el multilateralismo y los derechos humanos. Ese prestigio no fue producto de la casualidad, sino del compromiso sostenido de generaciones que comprendieron que la dignidad humana debe estar en el centro de toda acción estatal.

Por ello, genera profunda preocupación que el nombramiento del señor Boris Marchegiani como representante de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas sea presentado públicamente como parte de una estrategia para modificar la posición histórica del país en materia de derechos humanos y diversidad.

Más allá de cualquier valoración sobre su trayectoria profesional o empresarial, preocupa el mensaje político que acompaña dicho nombramiento y la intención expresa de reducir la participación de Costa Rica en espacios internacionales donde se discuten y promueven derechos fundamentales para poblaciones históricamente discriminadas.

Las declaraciones emitidas desde la Presidencia tienen consecuencias. Cuando una autoridad pública afirma que ya no existen desigualdades, invisibiliza las experiencias de discriminación y violencia que continúan enfrentando miles de personas. Cuando se minimizan las luchas por la igualdad, se debilitan los esfuerzos institucionales para combatir la exclusión. Cuando se deslegitiman las agendas de derechos humanos, se envía un mensaje de desprotección a quienes aún enfrentan barreras para ejercer plenamente su ciudadanía.

Como organización sindical comprometida con la justicia social, la igualdad, la democracia y los derechos humanos, ANEP Diversidad rechaza cualquier intento de retroceder en los avances conquistados por las personas LGBTIQA+ y por otros grupos históricamente excluidos.

La defensa de los derechos humanos no puede estar sujeta a intereses políticos coyunturales, cálculos electorales o prejuicios ideológicos. Los derechos humanos son universales, indivisibles e irrenunciables. Ningún gobierno tiene la potestad de decidir cuáles derechos merecen ser defendidos y cuáles pueden ser relegados al olvido.

Reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de una Costa Rica más justa, inclusiva y respetuosa de la diversidad humana. Asimismo, hacemos un llamado a las autoridades nacionales para que honren los compromisos internacionales asumidos por el Estado costarricense, fortalezcan las políticas públicas de inclusión y continúen promoviendo espacios nacionales e internacionales destinados a garantizar la igualdad y la dignidad de todas las personas.

La igualdad real aún no ha sido alcanzada. Negar las desigualdades no las elimina. Por el contrario, las profundiza.

Seccional ANEP- Diversidad

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Costa Rica

Junta Directiva de la ANEP recibió al jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez.

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Entre los temas abordaos se encuentran la devolución del ROP, la defensa del modelo eléctrico nacional, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, cuerpos policiales y municipalidades. Así como la negativa a un nuevo paquete de impuestos a los costarricenses.  

ANEP insta a Concejo Municipal de Buenos Aires a incorporar a representante en negociación colectiva

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Tras acordar diferentes puntos en una asamblea, la seccional de ANEP dentro de la Municipalidad pidió el Concejo Municipal que incorpore al proceso de negociación de la convención colectiva a un representante.

ANEP sigue denunciando abandono institucional en Control de Vectores de Puntarenas

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Espacios reducidos, falta de equipo, carencias operativas y condiciones que no corresponden a un servicio esencial para la salud pública. Tras varias inspecciones en la Región Pacífico Central, ANEP denuncia el abandono que enfrentan quienes combaten enfermedades como el dengue y exige respuestas inmediatas al Ministerio de Salud.

ANEP cuestiona orden a inspectores para realizar funciones fuera de su competencia

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ANEP solicitó explicaciones al Ministerio de Salud por la instrucción dada a inspectores del Programa de Control de Vectores para realizar pruebas de gota gruesa, funciones que no forman parte de sus perfiles ocupacionales.

Infraestructura deteriorada y falta de personal afectan el servicio en EBAIS de Villareal

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Goteras, hacinamiento, afectación de medicamentos, falta de personal y una infraestructura que pone en riesgo tanto a las personas trabajadoras como a la población usuaria. Esta es la realidad que enfrenta el EBAIS de Villarreal, en Santa Cruz de Guanacaste.