La clase trabajadora del área de mantenimiento denunció diversas problemáticas, tales como que tienen que pagar de su propio dinero artículos para poder poner en funcionamiento algunas maquinas. También como no se han presentado metas o planes que permitan mejorar la operatividad. Además, se juramentó a la junta directiva.
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ANEP advierte que traslado de Policía de Migración a Seguridad Pública debe resolver falta de personal y recursos
– Seccional ANEP-PPM no se opone a la reorganización institucional, pero exige garantías para fortalecer la Policía Profesional de Migración.
-Organización solicitará audiencia al ministro Gerald Campos para abordar necesidades presupuestarias, operativas y laborales.
La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (ANEP-PPM) manifestó que no se opone al eventual traslado de la Dirección General de Migración y Extranjería al Ministerio de Seguridad Pública, pero advirtió que esta reorganización debe acompañarse de medidas concretas para fortalecer el cuerpo policial y atender las limitaciones que actualmente enfrenta.
La organización sindical considera que el proceso legislativo relacionado con el cierre del Ministerio de Gobernación y Policía representa una oportunidad para mejorar la seguridad migratoria del país, siempre que se garantice el personal, presupuesto, equipamiento y las condiciones necesarias para cumplir sus funciones.
“No queremos que simplemente trasladen a la Policía Profesional de Migración de un ministerio a otro y que las mismas carencias de personal, presupuesto y recursos viajen con ella. Queremos que este proceso sirva para fortalecerla”, manifestó Gerardo Mora Ordóñez, presidente de la Seccional ANEP-PPM.
La Policía Profesional de Migración desarrolla funciones especializadas en control migratorio, seguridad fronteriza, atención de puestos migratorios, centros de aprehensión, operaciones e investigación. Además, de participar en acciones relacionadas con la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y otras manifestaciones del crimen organizado transnacional.
Falta de personal y presupuesto preocupa a ANEP-PPM
Uno de los principales señalamientos de la organización es la falta de recurso humano para atender las labores de control migratorio, seguridad fronteriza, investigación y combate a delitos como la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y el crimen organizado transnacional.
ANEP-PPM cuestiona que, según la información suministrada por la Administración, el anteproyecto de presupuesto 2027 no contempla nuevas plazas policiales, pese a las necesidades operativas existentes.
Asimismo, insiste en la urgencia de realizar un estudio técnico nacional que determine la cantidad de oficiales requeridos, ya que el último estudio integral identificado corresponde al año 2016.
“No podemos planificar la seguridad migratoria del 2027 con un diagnóstico de hace diez años. Se necesita conocer cuántos oficiales hacen falta, dónde se requieren y cuáles recursos son indispensables para garantizar la seguridad del país”, señaló Mora Ordóñez.
Exigen respeto a la especialización policial y derechos laborales
Ante el eventual traslado, ANEP-PPM solicita que la Policía Profesional de Migración conserve su condición de cuerpo policial especializado, con autonomía técnica y operativa, una cadena de mando acorde con sus funciones y un presupuesto claramente identificado.
También exige que se respeten sus competencias legales, se fortalezcan los procesos de formación y capacitación policial, incluido el acceso a la Academia Nacional de Policía, y se garanticen los derechos laborales de los oficiales y del personal administrativo.
Otro aspecto fundamental es la continuidad de los procesos de revisión de la clasificación y valoración de puestos policiales.
Sobre este punto, la Dirección General de Migración y Extranjería informó, mediante el oficio DG-01340-10-2026, que para el año 2027 está prevista la actualización integral del Manual Descriptivo de Clases y Cargos Policiales, así como el análisis de una eventual diferenciación de la clase Policía de Migración 1 (PM1), entre personal en formación inicial y oficiales en servicio activo.
Para la organización, estos procesos no deben verse afectados por una eventual reorganización institucional.
Solicitarán audiencia al ministro Gerald Campos
La Seccional ANEP-PPM solicitará formalmente una audiencia con el ministro Gerald Campos Valverde, con el propósito de presentar las principales preocupaciones y propuestas de los funcionarios policiales.
Entre los temas prioritarios figuran la creación de plazas, el fortalecimiento presupuestario, la estructura y cadena de mando, la capacitación, el equipamiento, la clasificación de puestos y la protección de los derechos laborales.
ANEP-PPM reiteró su disposición al diálogo y a participar en la construcción de una estructura institucional que fortalezca la seguridad migratoria.
“No nos oponemos al traslado, pero exigimos que se haga correctamente. La Policía Profesional de Migración cumple una función especializada que debe respetarse y fortalecerse. La seguridad migratoria también es seguridad nacional”, concluyó Mora Ordóñez.
Gerardo Mora Ordóñez
Presidente Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (ANEP-PPM)
Migración mantiene la negativa a la visita de diputados para que conozcan la realidad de la Policía Profesional de Migración
La Seccional ANEP–Policía Profesional de Migración (ANEP–PPM) denuncia públicamente la decisión de la Dirección General de Migración y Extranjería de mantener la negativa a la visita de los diputados Marco Badilla Chavarría y Éder Hernández Ulloa a las instalaciones de la Policía Profesional de Migración y al Centro de Aprehensión Región Central, ubicados en Los Lagos de Heredia.
Mediante el oficio DG-1359-10-2026, de fecha 8 de octubre de 2026, el viceministro de Gobernación y Policía, señor Omer Badilla Toledo, con recargo de funciones como director general de Migración y Extranjería, ratificó la posición comunicada anteriormente y confirmó que la visita programada para el viernes 9 de octubre no cuenta con su autorización.
La visita fue promovida por la Seccional ANEP–PPM con el propósito de facilitar un acercamiento entre representantes del Poder Legislativo, la organización sindical y los funcionarios policiales, para que los diputados pudieran conocer directamente las condiciones laborales, operativas y funcionales de esta Policía especializada.
¿Por qué se mantiene una decisión que impide este acercamiento institucional?
La Seccional ANEP–PPM reconoce que la Administración tiene competencias para regular el ingreso y la permanencia en las instalaciones públicas, así como para establecer las condiciones de seguridad correspondientes. Precisamente por esa razón, se solicitó formalmente la coordinación y autorización administrativa para realizar la visita.
Sin embargo, consideramos que las diferencias sobre el procedimiento administrativo no deberían cerrar las posibilidades de diálogo ni impedir que los representantes legislativos conozcan de primera mano la realidad de una institución estratégica para la seguridad nacional y el control migratorio.
La Policía Profesional de Migración enfrenta necesidades y desafíos relacionados con personal, recursos, infraestructura y condiciones de trabajo. Son aspectos que merecen ser conocidos, analizados y atendidos por las autoridades competentes y por quienes tienen responsabilidades de fiscalización política en la Asamblea Legislativa.
No queremos pensar que esta negativa obedezca a que la iniciativa surgió de una organización sindical o a consideraciones relacionadas con la afiliación política de los diputados visitantes. No afirmamos que exista tal motivación; precisamente, esperamos que la Administración brinde las explicaciones necesarias y facilite una solución transparente.
Las instituciones públicas pertenecen al Estado costarricense, no a un partido político ni a una administración de turno. El diálogo institucional debe desarrollarse con respeto a las competencias legales, sin obstáculos innecesarios y con el interés público como prioridad.
Anteriormente, las entonces diputadas Ada Acuña, Gloria Navas y Carolina Hidalgo, visitaron las instalaciones de la Policía Profesional de Migración y el Centro de Aprehensión Región Central. Incluso, en ese momento la diputada electa Kattia Calvo, también realizó una visita al centro.
Por ello, desde la Seccional ANEP–PPM hacemos un llamado respetuoso, pero firme, al Ministerio de Gobernación y Policía y a la Dirección General de Migración y Extranjería para que reconsideren esta posición y se establezca una nueva fecha para la visita de los diputados, bajo las condiciones administrativas y de seguridad que correspondan.
La Policía Profesional de Migración necesita que sus condiciones reales sean conocidas y sus necesidades escuchadas. Costa Rica merece instituciones abiertas al diálogo, la transparencia y la rendición de cuentas.
SECCIONAL ANEP–PPM
ANEP y Colegio de Enfermeras conversan sobre problemática en las jornadas de producción
Seccional en el Teatro Nacional presenta iniciativa de Convención Colectiva a administración
ANEP reprueba cierre total de la tesorería nacional y exige explicaciones a sus autoridades
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) manifiesta su profunda preocupación y reprobación ante la decisión comunicada por el Tesorero Nacional, Michael Contreras Solera, y la Subtesorera Nacional, Francini Córdoba Herrera, de disponer el cierre de las oficinas de la Tesorería Nacional durante toda la jornada del viernes 9 de octubre de 2026.
De acuerdo con el comunicado oficial MH-TN-COM-0012-2026, durante ese día no se brindará atención al público ni se tramitarán servicios bancarios relacionados con pagos, cobros, transferencias, autorizaciones u otras gestiones asociadas, trasladándose a las instituciones usuarias la responsabilidad de adoptar anticipadamente las previsiones necesarias para afrontar dicho cierre.
Para ANEP, resulta particularmente preocupante que una dependencia de la trascendencia constitucional, legal, financiera y operativa de la Tesorería Nacional, llamada a cumplir un papel esencial dentro de la Hacienda Pública y en la administración de los recursos líquidos del Estado, suspenda integralmente sus servicios durante un día hábil por la realización de una actividad interna denominada “jornada de fortalecimiento organizacional”.
El fortalecimiento institucional no puede realizarse a costa de paralizar el servicio público que precisamente se pretende fortalecer y crear una ilusión de un ambiente sano laboral, cuando miembros de este Sindicato, son hostigados laboralmente.
La Tesorería Nacional presta servicios que inciden directamente en el funcionamiento financiero de ministerios, poderes de la República, órganos desconcentrados, municipalidades, entidades públicas y demás instituciones comprendidas dentro del Sistema de Cuentas del Sector Público. El propio comunicado está dirigido a ese amplio conjunto de entidades estatales, lo que evidencia la dimensión, trascendencia e irresponsabilidad de la decisión adoptada.
ANEP considera que no es de recibo dejar suspendida toda la operativa y la atención a las personas e instituciones usuarias, particularmente tratándose de servicios relacionados con pagos, cobros, transferencias y autorizaciones financieras.
Una actividad de carácter organizacional puede y debe planificarse de manera que permita garantizar simultáneamente la continuidad, regularidad y eficiencia del servicio público, mediante turnos, distribución de personal, modalidades escalonadas u otros mecanismos administrativos que eviten el cierre total de una dependencia estratégica para el funcionamiento financiero del Estado.
La decisión resulta todavía más preocupante en un contexto en el cual existen serias inquietudes relacionadas con procesos de pago y salarios, insuficiencia de personal y sobrecarga laboral dentro de la Tesorería Nacional.
ANEP reconoce especialmente el esfuerzo de los compañeros y compañeras trabajadoras de la Tesorería Nacional, quienes diariamente sostienen la operación institucional y, aun en condiciones de alta carga de trabajo y limitaciones de recurso humano, continúan dando todo de sí para garantizar la prestación de los servicios bajo responsabilidad de esa Dirección.
Por ello, llama poderosamente la atención que, mientras el personal debe enfrentar esas cargas y responsabilidades, las máximas autoridades de la Tesorería Nacional hayan optado por disponer el cierre completo de sus oficinas durante una jornada laboral y al final son las mismas personas funcionarias, que afrontan las consecuencias de atrasarse en sus labores, añadiendo más presión y estrés.
Asimismo, ANEP solicita aclarar públicamente si esta decisión fue adoptada exclusivamente por el Tesorero y la Subtesorera Nacional o si contó con conocimiento, autorización o anuencia previa del Despacho Ministerial del Ministerio de Hacienda, sea el señor Rodrigo Chaves Robles en su condición de Ministro de Hacienda o de alguno de sus Viceministros, señor Luis Antonio Molina Chacón y Víctor Carvajal Porras.
No resulta suficiente trasladar a todas las entidades públicas usuarias y menos a la ciudadanía que no tiene días libres para hacer sus trámites, la obligación de “tomar previsiones” para adaptarse al cierre de la Tesorería Nacional. Corresponde, en primer término, a las autoridades responsables garantizar que la organización administrativa interna no produzca afectaciones innecesarias a la continuidad del servicio público.
Ante esta situación, ANEP solicita al Ministro de Hacienda formalmente:
- Explicar las razones técnicas, administrativas y jurídicas que sustentan la decisión de cerrar completamente la Tesorería Nacional durante un día hábil.
- Informar quién autorizó la suspensión integral de los servicios y si la medida contó con conocimiento o autorización del Despacho Ministerial.
- Indicar cuáles alternativas fueron valoradas para efectuar la actividad de fortalecimiento organizacional sin interrumpir totalmente la atención y los servicios esenciales de la Tesorería Nacional.
- Informar cuáles medidas fueron adoptadas para evitar afectaciones sobre pagos, salarios, transferencias, cobros, autorizaciones y demás operaciones financieras del Estado.
- Explicar por qué, ante la situación de escasez de personal y sobrecarga laboral que enfrentan funcionarios y funcionarias de la Tesorería Nacional, se consideró procedente detener completamente la operación ordinaria de la institución.
- ANEP remitirá este planteamiento para conocimiento de las instancias internas y externas competentes en materia de fiscalización, control y tutela del adecuado funcionamiento de la Administración Pública, a efectos de que, dentro de sus respectivas competencias, valoren la actuación adoptada y determinen si resulta compatible con las obligaciones inherentes al funcionamiento de una dependencia estratégica como la Tesorería Nacional.
La organización sindical considera indispensable determinar también si se efectuó previamente una valoración de riesgos operativos, financieros y de continuidad del servicio, así como de las eventuales consecuencias que la suspensión pudiera ocasionar a las instituciones públicas y a la ciudadanía.
La Tesorería Nacional constituye una pieza esencial del sistema financiero público costarricense. Precisamente por esa condición, su funcionamiento continuo no puede considerarse un asunto secundario ni quedar subordinado a la conveniencia de una actividad administrativa interna.
ANEP defenderá tanto los derechos de las personas trabajadoras de la Tesorería Nacional —quienes merecen condiciones adecuadas, suficiente recurso humano y una distribución razonable de las cargas de trabajo— como el derecho de la ciudadanía y de las instituciones públicas a recibir servicios estatales continuos, eficientes y oportunos.
Trabajadores de JASEC son destinados a labores de limpieza ante falta de continuidad del servicio contratado
Cartago, Costa Rica. — La seccional ANEP- Jasec manifiesta su seria preocupación ante la situación que se presenta en la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC), donde trabajadores de la institución están siendo requeridos para realizar labores de limpieza ante la falta de continuidad del servicio contratado para esos fines.
Resulta preocupante que una situación administrativa relacionada con la contratación o renovación del servicio de limpieza termine trasladándose al personal institucional, cuyas plazas, responsabilidades y jornadas laborales están destinadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y de apoyo para las cuales fueron contratados.
La administración de una institución pública debe procurar una adecuada planificación de sus contrataciones y garantizar oportunamente la continuidad de aquellos servicios necesarios para su funcionamiento. La falta de un servicio de limpieza no debería resolverse desviando personal de sus funciones ordinarias para asumir tareas que corresponden a un servicio específicamente contratado para ese propósito.
¿QUIÉN ASUME LA RESPONSABILIDAD POR LA FALTA DE PLANIFICACIÓN?
La situación obliga a plantear públicamente varias interrogantes:
¿Por qué no se realizaron oportunamente las gestiones necesarias para garantizar la continuidad del servicio de limpieza?
¿Por qué las consecuencias de una situación administrativa deben recaer sobre los trabajadores?
¿Qué funciones institucionales están dejando de ejecutarse, retrasándose o siendo afectadas mientras el personal es destinado a labores de limpieza?
¿Quién asume la responsabilidad administrativa por no haber garantizado oportunamente la continuidad de este servicio?
El recurso humano de JASEC debe estar concentrado en las labores para las cuales fue contratado y que resultan necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos que brinda la institución.
Destinar trabajadores a realizar funciones ajenas a sus responsabilidades habituales no puede convertirse en la solución frente a deficiencias de planificación administrativa.
LAS LABORES SUSTANTIVAS DE JASEC NO DEBEN VERSE AFECTADAS
Nuestra principal preocupación no se limita únicamente a que trabajadores deban realizar labores de limpieza. También nos preocupa el impacto que esta decisión pueda generar sobre las funciones institucionales que dejan de atenderse mientras esos funcionarios son apartados de sus responsabilidades ordinarias.
JASEC presta servicios públicos esenciales y cuenta con personal técnico, administrativo y operativo cuyas funciones responden a necesidades concretas de la institución y de la ciudadanía.
Por ello, los problemas administrativos no deben trasladarse a los trabajadores ni poner en riesgo la continuidad, oportunidad o calidad de las labores sustantivas de JASEC.
EXIGIMOS UNA SOLUCIÓN INMEDIATA
Desde la representación sindical solicitamos a la Gerencia de JASEC:
- Restablecer de manera inmediata y conforme al ordenamiento jurídico el servicio de limpieza requerido por la institución.
- Evitar que trabajadores sean apartados de las funciones propias de sus puestos para suplir labores correspondientes a un servicio contratado.
- Informar las razones por las cuales no se garantizó oportunamente la continuidad de la contratación del servicio de limpieza.
- Determinar el impacto que esta situación está generando sobre las labores ordinarias y sustantivas de JASEC.
- Adoptar las medidas administrativas necesarias para evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse.
Los trabajadores de JASEC no deben cargar con las consecuencias de problemas de planificación administrativa.
Nuestra organización sindical continuará vigilante y defendiendo que cada trabajador pueda desempeñar las funciones propias de su puesto, así como que los recursos humanos de la institución sean utilizados adecuadamente para garantizar los servicios públicos que merece la ciudadanía cartaginesa.
Los problemas de contratación se resuelven con gestión y planificación, no trasladando sus consecuencias a los trabajadores.
ANEP-JASEC
ANEP cuestiona negativa de jefe de RECOPE en otorgar media hora de permiso a madre para cirugía de su hijo
- Tras la intervención sindical, la Asesoría Jurídica de RECOPE determinó que es legalmente viable conceder el permiso solicitado por la trabajadora.
- Madres bajo el cargo del jefe señalado, denuncian que no es la primera vez que niega un permiso de esta índole
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) cuestiona la actuación del jefe del Departamento de Administración de Almacenes de RECOPE, ante la negativa de otorgar a una trabajadora un permiso para acompañar a su hijo de 10 años a una cirugía menor, bajo el argumento de que debía aportar una norma específica que autorizara ese tipo de ausencia.
Para ANEP, resulta reprochable que una madre deba enfrentar obstáculos administrativos para atender la salud de su hijo, particularmente cuando la solicitud más reciente consistía en retirarse apenas media hora antes de finalizar su jornada laboral. En especial, porque no es la primera vez que niega un permiso a una madre para temas de esta índole.
Ante esta situación, nuestra organización sindical intervino mediante el oficio ANEP-UDO-0656-2026, denunciando que la negativa colocaba a la trabajadora en la injusta posición de tener que escoger entre cumplir sus obligaciones laborales y acompañar a su hijo a recibir atención médica.
La gestión sindical obtuvo un importante respaldo mediante el oficio AJ-1014-2026, del 28 de septiembre, en el cual la Asesoría Jurídica de RECOPE concluyó que es legalmente viable otorgar el permiso solicitado, sujeto a la presentación de la justificación y certificación médica correspondientes.
El criterio jurídico recuerda que la protección de la salud de las personas menores de edad y su interés superior cuentan con respaldo constitucional e internacional. Asimismo, recoge jurisprudencia de la Sala Constitucional que reconoce la necesidad de garantizar condiciones para conciliar las responsabilidades laborales y familiares.
ANEP considera que este pronunciamiento evidencia la necesidad de que las jefaturas actúen con sensibilidad, razonabilidad y respeto por los derechos fundamentales, en lugar de imponer interpretaciones administrativas restrictivas ante situaciones que involucran la salud de una persona menor de edad.
Una hora de permiso no debería convertirse en una lucha sindical para que una madre pueda acompañar a su hijo a una cita médica.
Afortunadamente tras el criterio emitido por la Unidad Jurídica de RECOPE, se le otorgó el permiso a la funcionaria y el menor pudo asistir a la cita médica.
ANEP señala que déficit de policías y crecimiento de población penitenciaria requieren mayor inversión en Presupuesto 2027
• Proyecto presupuestario del Ministerio de Justicia y Paz disminuye ₡5.654,3 millones respecto de 2026.
• Defensoría de los Habitantes reportó un faltante de 2.722 agentes penitenciarios en abril de 2025.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), por medio de su representación en la Policía Penitenciaria, advierte sobre la necesidad de que la discusión del Presupuesto Nacional 2027 contemple el fortalecimiento integral de este cuerpo policial ante el déficit de recurso humano, el crecimiento de la población privada de libertad y las limitaciones de infraestructura, equipamiento y condiciones laborales existentes.
El proyecto presupuestario para 2027 contempla para el Ministerio de Justicia y Paz ₡219.728,7 millones, frente a los ₡225.383 millones correspondientes a 2026, lo que representa una disminución de aproximadamente ₡5.654,3 millones, equivalente a un 2,51 %.
Para ANEP, esta discusión presupuestaria adquiere especial importancia ante las condiciones actuales del sistema penitenciario y las responsabilidades de una Policía que debe garantizar vigilancia, custodia, traslados, control interno, atención de incidentes y emergencias y coordinación con otras instituciones.
Déficit de personal continúa siendo crítico
Uno de los principales problemas identificados es la insuficiencia de recurso humano.
Según el informe citado en los documentos de ANEP, la Defensoría de los Habitantes determinó que el faltante de policías penitenciarios pasó de 1.754 agentes en 2023 a 2.722 en abril de 2025, situación que repercute tanto sobre las condiciones laborales del personal como sobre la operación de los centros penitenciarios.
El diagnóstico señala consecuencias como sobrecarga de funciones, agotamiento, vacaciones acumuladas y dificultades para atender adecuadamente traslados médicos y judiciales, además de riesgos para la seguridad institucional.
A esto se suma el crecimiento de la población penitenciaria. Los datos recopilados muestran que pasó de 14.921 personas en 2021 a 17.055 al cierre de 2024. Para marzo de 2025 se registraban 17.692 personas y, de acuerdo con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura citado en el análisis, al 28 de febrero de 2026 había 19.453 personas recluidas para una capacidad de 13.289 espacios.
164 plazas para 2027 no resuelven el déficit acumulado
ANEP reconoce que el Presupuesto 2027 contempla 164 nuevos puestos de agentes policiales, además de 79 puestos administrativos y ayudantes de cocina para el nuevo Centro de Atención Contra el Crimen Organizado.
Sin embargo, la organización considera necesario establecer un plan progresivo de creación y ocupación de plazas que permita atender también las necesidades de los centros penitenciarios existentes y reducir el déficit acumulado de recurso humano.
Para ello, ANEP plantea identificar técnicamente las necesidades de personal por centro penitenciario y desarrollar estudios actualizados sobre cargas de trabajo, distribución de funcionarios, turnos, cobertura y requerimientos operativos.
Infraestructura, equipo y comunicaciones también requieren inversión
La problemática no se limita al número de policías.
El diagnóstico elaborado por la organización identifica deficiencias en infraestructura, incluyendo edificios, sistemas eléctricos y sanitarios, dormitorios, puestos de vigilancia y espacios destinados al descanso del personal. ANEP solicita una evaluación de la infraestructura penitenciaria nacional y un programa permanente de mantenimiento, reparación, sustitución y construcción.
También se señalan necesidades relacionadas con chalecos antibalas y anti-puntas, radios individuales, baterías, cargadores, uniformes, linternas, equipo táctico y otros implementos de protección indispensables para el servicio.
La flotilla vehicular constituye otra preocupación. El documento reporta vehículos con años de servicio, unidades fuera de operación, problemas de repuestos y mantenimiento, así como la necesidad de vehículos especializados para el traslado de personas privadas de libertad de alta peligrosidad.
ANEP pide revisar brechas salariales
La organización también solicita una revisión técnica y jurídica de las diferencias existentes entre funcionarios bajo salario compuesto y quienes se encuentran bajo salario global, particularmente cuando realizan funciones equivalentes.
ANEP plantea que cualquier revisión debe considerar factores como experiencia, antigüedad, responsabilidad, complejidad y riesgo inherente a la función policial penitenciaria.
Una política permanente para la Policía Penitenciaria
Ante este escenario, ANEP solicita que la discusión del Presupuesto Nacional 2027 incorpore una política presupuestaria específica, progresiva y verificable para la Policía Penitenciaria.
Entre las prioridades planteadas se encuentran la creación progresiva de plazas; revisión de brechas salariales; renovación y mantenimiento de la flotilla; radios individuales y modernización de las comunicaciones; reposición de chalecos y equipos de protección; mejoramiento de infraestructura; capacitación; salud ocupacional y bienestar laboral.
Asimismo, la organización propone establecer una mesa permanente de seguimiento, con participación de las autoridades y representación sindical, que permita verificar mediante metas, cronogramas e indicadores la ejecución de los recursos y avanzar hacia una planificación de corto, mediano y largo plazo.
Para ANEP, el fortalecimiento de la Policía Penitenciaria debe asumirse como una inversión vinculada con la seguridad, la continuidad del servicio público y las condiciones en las que miles de policías desarrollan diariamente sus funciones.
“La dignificación y el fortalecimiento de la Policía Penitenciaria deben convertirse en una política institucional permanente y no en una respuesta ocasional frente a una emergencia.”
Seccionales policiales de ANEP advierten que Presupuesto 2027 no responde a necesidades de seguridad del país
–Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía Penitenciaria, Policía de Control de Drogas y Servicio de Vigilancia Aérea plantean necesidades urgentes de recurso humano, infraestructura, equipamiento y capacidad operativa.
–• ANEP solicita que la discusión presupuestaria incorpore las necesidades reales de cada cuerpo policial y establezca una política sostenida de fortalecimiento de la seguridad.
Las seccionales de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en los diferentes cuerpos policiales advierten sobre las limitaciones que presenta el Presupuesto Nacional 2027 para responder a las necesidades operativas, de recurso humano, infraestructura y equipamiento que enfrentan quienes tienen bajo su responsabilidad diferentes áreas de la seguridad nacional.
Representantes de Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración, Policía Penitenciaria, Policía de Control de Drogas (PCD) y Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) coinciden en la necesidad de que el país avance hacia una política presupuestaria que permita fortalecer de manera sostenida a los cuerpos policiales.
Para ANEP, la seguridad pública no puede sostenerse únicamente sobre el compromiso, sacrificio y disponibilidad de los funcionarios. Se requieren personal suficiente, infraestructura adecuada, vehículos y equipos operativos, tecnología, protección policial, capacitación y condiciones laborales dignas. En el caso de la Policía Penitenciaria, el documento presentado por la Seccional resume precisamente estas necesidades como elementos indispensables para el desempeño de sus funciones.
Migración: necesidades de personal sin respuesta suficiente
Una de las principales preocupaciones se encuentra en la Policía Profesional de Migración, donde la información aportada por la Seccional evidencia necesidades de recurso humano para atender funciones relacionadas con fronteras, aeropuertos, investigaciones, aprehensiones, deportaciones, expulsiones y atención de denuncias.
ANEP-PPM ha advertido que la discusión presupuestaria debe partir de un estudio técnico que determine cuánto personal necesita realmente este cuerpo especializado y, posteriormente, establecer los recursos necesarios para financiar esas plazas.
Para ANEP, fortalecer la Policía Profesional de Migración significa también fortalecer la capacidad del Estado para ejercer adecuadamente el control migratorio y contribuir a la seguridad nacional.
Policía Penitenciaria enfrenta un déficit acumulado
La situación de la Policía Penitenciaria constituye otro punto de especial preocupación.
La documentación analizada por ANEP recoge que la Defensoría de los Habitantes reportó un faltante de 2.722 agentes penitenciarios en abril de 2025, frente a un déficit de 1.754 en 2023.
Paralelamente, la población penitenciaria ha mantenido una tendencia creciente: pasó de 14.921 personas en 2021 a 17.055 en 2024; para marzo de 2025 se reportaban 17.692.
Aunque el Presupuesto 2027 contempla 164 nuevos puestos de agentes policiales, además de 79 puestos administrativos y ayudantes de cocina para el nuevo Centro de Atención Contra el Crimen Organizado, ANEP considera necesario un plan progresivo que permita atender también el déficit acumulado y las necesidades de los centros penitenciarios existentes.
Además, el proyecto presupuestario del Ministerio de Justicia y Paz para 2027 asciende a ₡219.728,7 millones, ₡5.654,3 millones menos que en 2026, equivalente a una disminución del 2,51 %.
PCD y Vigilancia Aérea: reducciones en partidas operativas
Las seccionales de la Policía de Control de Drogas y del Servicio de Vigilancia Aérea también advierten sobre reducciones en partidas directamente relacionadas con sus capacidades operativas.
Según el análisis aportado por ambas representaciones, el presupuesto de Seguridad Pública presenta para 2027 una disminución de ₡6.154,6 millones con respecto a 2026.
En el SVA, se identifican reducciones de ₡12,7 millones en mantenimiento y reparación de equipo de transporte y aproximadamente ₡9,8 millones en repuestos y accesorios. Además, para 2027 no se contemplan recursos en las partidas de textiles y vestuario ni útiles y materiales de resguardo y seguridad.
En la PCD, las reducciones identificadas incluyen ₡26,94 millones en textiles y vestuario, aproximadamente ₡54,6 millones en útiles y materiales de resguardo y seguridad y ₡208,6 millones en bienes duraderos. También se señalan disminuciones en equipo y programas de cómputo, así como en maquinaria, equipo y mobiliario diverso.
Para ANEP resulta necesario revisar estas partidas considerando que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado requiere inversión permanente en inteligencia, investigación, tecnología, transporte, equipos especializados, mantenimiento, capacitación y recurso humano.
Fuerza Pública también requiere fortalecimiento
En el caso de la Fuerza Pública, ANEP ha planteado una agenda integral que contempla necesidades de recurso humano, infraestructura policial adecuada, equipamiento, renovación y mantenimiento de vehículos y motocicletas, equipos de comunicación y protección, sistemas tecnológicos y capacitación permanente.
La organización considera que el fortalecimiento policial no puede medirse únicamente por la cantidad de recursos asignados, sino también por la capacidad real de convertirlos en mejores condiciones operativas para los funcionarios y en un mejor servicio de seguridad para la ciudadanía.
ANEP pide una política integral de fortalecimiento policial
Las diferentes realidades identificadas por las seccionales muestran que no todos los cuerpos policiales enfrentan los mismos problemas, pero sí existen necesidades comunes que requieren planificación presupuestaria de corto, mediano y largo plazo.
Por ello, ANEP solicita que durante la discusión del Presupuesto Nacional 2027 se valoren las necesidades técnicas y operativas de cada cuerpo policial y se establezcan prioridades en materia de:
- Creación y ocupación de plazas policiales.
- Infraestructura y condiciones adecuadas en los centros de trabajo.
- Renovación y mantenimiento de vehículos, aeronaves y flotillas.
- Equipamiento y protección personal.
- Tecnología, inteligencia y sistemas de comunicación.
- Capacitación y especialización.
- Revisión de las condiciones salariales y laborales.
ANEP considera además necesario establecer mecanismos permanentes de diálogo y seguimiento entre las autoridades y las representaciones de las personas trabajadoras, con metas, plazos e indicadores que permitan verificar la ejecución de los recursos destinados al fortalecimiento policial.
La discusión presupuestaria no puede limitarse a determinar cuánto dinero recibe cada institución. Debe responder una pregunta fundamental: ¿cuáles son los recursos humanos, materiales y tecnológicos que necesitan realmente los cuerpos policiales para cumplir eficazmente sus responsabilidades?
Costa Rica necesita cuerpos policiales con suficiente personal, equipados, capacitados y con condiciones laborales dignas. Fortalecer a quienes tienen la responsabilidad de enfrentar el narcotráfico, crimen organizado y otras amenazas a la seguridad significa fortalecer la capacidad del Estado para proteger a la población.
SECCIONALES CUERPOS POLICIALES – ANEP
